“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. … Seguiré recorriendo el país, defendiendo a Colombia y enfrentando a los enemigos de la libertad con determinación y sin miedo”. — @petrogustavo
El Consejo de Estado decidió este 13 de febrero suspender temporalmente el decreto conocido como salario vital mientras estudia el fondo del asunto. En reacción inmediata, el presidente Gustavo Petro aseguró que respetará la decisión judicial, pero sostuvo que actuará “de acuerdo a la Constitución” y convocó a una reunión de concertación con el Ministerio de Trabajo y la coordinación de movimientos sociales para revisar el nuevo decreto y las mediciones económicas disponibles.
Lo clave del pronunciamiento
Petro defendió que el salario vital tiene respaldo constitucional y afirmó que su suspensión pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores y el principio de protección social consagrado en la Carta Magna.
El presidente pidió estudiar con rigor la incidencia del salario en precios de alimentos y el impacto del alza de la tasa de interés sobre el empleo y el déficit, y convocó a actores sociales para construir, dijo, “el pacto social de la vida y de la paz”.
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¿Qué sigue? y contexto institucional
La suspensión ordenada por el Consejo de Estado implica que, mientras ese alto tribunal resuelve de fondo, el decreto no producirá efectos plenarios. El Gobierno anunció que abrirá espacios técnicos de concertación —incluida una reunión inmediata del Ministerio de Trabajo— para ajustar el texto y presentar nuevos argumentos económicos y jurídicos en defensa de la medida, si procede. Los análisis que pidió Petro incluyen estudios de precios, empleo y déficit que orientarán las decisiones próximas.
Reacciones y alcance político
La decisión judicial y la respuesta presidencial abren un episodio de tensión entre el Ejecutivo y el poder jurisdiccional en plena discusión salarial y en un contexto de alta sensibilidad social. El presidente hizo un llamado explícito al “gran capital” para optar entre un pacto social o el enfrentamiento político y social, e invitó al pueblo trabajador a manifestarse sobre la medida. Analistas y sectores económicos seguirán de cerca los resultados de la concertación técnica y cualquier modificación normativa que el Gobierno proponga.
