El presidente Gustavo Petro invitó este domingo 15 de febrero en su cuenta oficial de X a la alocución presidencial a las 7:00 p.m. por televisión sobre el llamado “salario vital”, y que el jueves a las 4:00 p.m. convocará a “todas las plazas públicas de Colombia” para acompañar la discusión. En el mismo mensaje señaló que el lunes espera “resultados de la reunión de concertación” y afirmó que cuenta con “razones técnicas, económicas y constitucionales” para sustentar su propuesta.
Petro aseguró que la “sentencia de la Corte Constitucional” y el criterio del salario móvil y vital —vigente desde 1991— son de obligatorio cumplimiento para la determinación del salario mínimo, y que los cálculos relativos a salario y productividad le dan la razón. Estas afirmaciones forman parte del hilo de mensajes difundidos por el mandatario en la jornada.
En paralelo, se ha afirmado que la Presidencia ya tiene sobre la mesa una cifra concreta para el ajuste temporal: $2.155.000 mensuales como salario mínimo vital, propuesta sustentada en estudios técnicos que buscan cerrar la brecha entre productividad y salario real.
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Propuesta técnica y sustento jurídico
La cifra que circula públicamente —$2.155.000 mensuales— fue presentada en medios como propuesta respaldada por un estudio sobre productividad laboral y salario real. El Gobierno arguye que el ajuste es compatible con la Constitución de 1991 y con la doctrina que recoge el concepto del salario vital y móvil como criterio orientador.
Además, el presidente apeló a la obligatoriedad de criterios constitucionales y a una reciente sentencia de la Corte Constitucional para justificar la vía y el monto. En su mensaje señaló que existen “razones técnicas, económicas y constitucionales” suficientes para sustentar la decisión y que el cálculo relativo entre salario y productividad le da la razón.
Plazos legales, presiones y consecuencias políticas
El Consejo de Estado dio al Ejecutivo un plazo breve para expedir una regulación transitoria (plazo ordenado por la corporación que impulsa la tramitación del ajuste), por lo que el calendario legal presiona a la Presidencia a presentar una propuesta técnicamente soportada en días. Esa combinación de plazos judiciales y presión política explica la convocatoria a plazas y la alocución inmediata.
En el plano político, la iniciativa puede intensificar el debate entre el Gobierno, los sectores empresariales y los sindicatos: las cifras, los supuestos técnicos y la vía administrativa escogida serán objeto de verificación y de controversia pública en los próximos días, con posibles efectos en la negociación social y en la agenda económica del país.
