Ante la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), el senador Iván Cepeda y otros congresistas, radicaron una denuncia penal contra el representante a la Cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo.
De igual manera, “por su agresiva intervención durante un acto de homenaje a las víctimas de los ‘falsos positivos’”, instauraron queja disciplinaria en la Procuraduría
A Polo Polo lo están acusando de incurrir en los delitos de discriminación, hostigamiento, injuria e injuria por vías de hecho, por arrojar a la cesta de la basura piezas de la exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’, de autoría de las madres de Soacha.
“Constituye un acto de justificación abierta de los crímenes de lesa humanidad y una incitación al odio contra las víctimas, sometiéndolas a actos adicionales de deshumanización y ultraje”, expuso el senador Iván Cepeda.
En su denuncia, indican que “la presunta comisión de estos delitos sería agravada por cuanto la realizó un servidor público, utilizando medios de comunicación de difusión masiva”.
Además, agregan que su acción fue arbitraria y tuvo la intención de: i) discriminar y estigmatizar a las víctimas y sus familiares; ii) promover el negacionismo de los mal llamados “falsos positivos”; y iii) afectar la dignidad y el derecho a la memoria de las víctimas.
“Para garantizar que el acto de Polo Polo no quede impune y que se respete la memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales se imparte esta denuncia. La protección de los derechos de las víctimas es un imperativo constitucional y un compromiso inquebrantable del Estado colombiano”, expresó una de las denunciantes.
Los hechos que motivaron esta acción judicial ocurrieron el pasado 6 de noviembre cuando el representante cartagenero, Miguel Polo Polo, hizo público cuando destrozaba parte de la exposición ‘Mujeres con las botas bien puestasֹ’, una instalación artística que, a través de botas intervenidas por artistas y las madres de las víctimas, visibiliza el dolor y las demandas de justicia de los familiares de las 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado.
