Presuntas exigencias económicas, amenazas y restricciones contra trabajadores de Hidroituango por parte del Frente 36 del Clan del Golfo quedaron expuestas durante un debate realizado en la Comisión…
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Presuntas exigencias económicas, amenazas y restricciones contra trabajadores de Hidroituango por parte del Frente 36 del Clan del Golfo quedaron expuestas durante un debate realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en el que se analizaron las condiciones de seguridad en la zona donde opera la central hidroeléctrica.
De acuerdo con un informe de Empresas Públicas de Medellín (EPM), integrantes de esta estructura criminal habrían solicitado inicialmente 5.000 millones de pesos como condición para permitir el funcionamiento de la que es considerada la mayor hidroeléctrica del país. Sin embargo, las presiones económicas presuntamente no terminaron allí, pues posteriormente habrían exigido pagos superiores a los 500 millones de pesos mensuales.
El documento también advierte sobre las restricciones impuestas al personal de la empresa en territorios bajo influencia de este grupo armado. Según lo expuesto por EPM, durante las mesas de diálogo relacionadas con el denominado Pacto de Doha y las zonas de ubicación temporal, los integrantes del Clan del Golfo habrían reforzado su control sobre comunidades del Bajo Cauca, exigiendo autorizaciones escritas para permitir el ingreso de trabajadores, realizando retenciones y expulsando cuadrillas de los lugares donde desarrollaban sus labores.
La situación habría llegado al punto de que 17 veredas del municipio de Briceño, Antioquia, registraban restricciones de acceso para el personal de EPM, dificultando el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.
Ante este panorama, desde el Congreso se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales para enfrentar las estructuras criminales. El representante Simón Molina insistió en que se deben unir esfuerzos institucionales para lograr una respuesta más contundente y efectiva contra la delincuencia.
Durante el debate también se recordó la gravedad de los ataques contra la Fuerza Pública en la zona, entre ellos un episodio en el que el lanzamiento de cilindros explosivos sobre una vía de acceso ocasionó la muerte de un sargento y dejó a un soldado herido.
Las denuncias reavivaron las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en el área de influencia de Hidroituango y las dificultades que enfrentan sus trabajadores ante la presencia y las presiones de grupos armados ilegales.
