El secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez Granadillo, se mostró extrañado por las declaraciones de la consejera Presidencial para las Regiones, en el sentido de varios impedimentos para cumplir con las sentencias encaminadas a
proteger la vida de las comunidades wayuú en La Guajira.
El funcionario dijo que son unas afirmaciones que preocupan porque obviamente el seguimiento que se está haciendo para cumplir con
la Sentencia T 302 es un compromiso que es interinstitucional, inclusive con la misma ciudadanía y sorprende que la alta
consejera haga estas afirmaciones sin determinar a qué lugar en específico se refiere o a qué comunidades, y más cuando ya con tanto relaciona miento que puede tener, inclusive con el Ministerio
de Defensa que pudiese garantizar el acceso a esas comunidades.
Agregó, que también preocupa porque se puede ver una desarticulación que si la misma institucionalidad del Departamento no sabe dónde están sucediendo esos hechos como lo afirma la consejera, es más difícil porque la comunicación tiene que ser fluida.
“Sabemos que para el cumplimiento de esta sentencia debemos estar unidos todas las instituciones con el compromiso de atender a las comunidades, pero este tipo de afirmaciones obviamente no pueden generan esa confianza que se debe tener”, expresó.
Manifestó que si fuese así, lo primero es que la funcionaria notificara cuáles son las comunidades al interior de las mesas que se vienen realizando de seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
“La disposición aquí se tiene, pero nos gustaría que la alta consejera se refiriera a quién directa mente, qué comunidad y qué líderes son los que no le permiten el ingreso para la atención de cada programa o tal vez de proyectos que puedan llegar a beneficiar a las comunidades en cumplimiento de la sentencia.
En ese mismo sentido, el secretario de Gobierno Misael Velásquez Granadillo, dijo que en ninguna de las reuniones que el gobernador o los secretarios del despacho han sostenido con la consejera se
ha referido al impedimento de ingresar a ciertas comunidades indígenas en La Guajira.
“Nosotros tendríamos inmediatamente que actuar en eso con la Secretaría de Asuntos indígenas; si es un tema con garantía de un tema de seguridad con la misma fuerza pública, y si es con la comunidad, buscar la interlocución con las personas que no estén permitiendo que esto se haga, y decirlo de esa manera muy general,
obviamente deja una incertidumbre de qué estaría pasando en la Alta Guajira. Yo creía que más que todo, ella debe aclarar cuáles son las comunidades, cuáles son los territorios y nosotros en lo que nos corresponde, tomar las medidas para garantizar el acceso a esas comunidades”, dijo
