La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, advirtió sobre la posible existencia de un esquema de expedición irregular de diplomas por parte de la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían accedido a contratos y cargos en al menos 16 entidades del Gobierno nacional entre 2023 y 2025, con un costo para el Estado que superaría los 1.100 millones de pesos.
Según la verificación adelantada por su equipo, se identificaron 24 casos con presuntas irregularidades graves en títulos profesionales y tecnológicos. En seis de ellos no existiría registro verificable de la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse; en otros 18, el examen habría sido presentado después de la expedición del diploma, en contravía de la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216.
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Los títulos habrían sido usados para cumplir requisitos académicos en procesos de vinculación pública, incluso con contratos simultáneos o sucesivos en más de una entidad. Entre las instituciones mencionadas figuran el SENA (con el mayor número de casos), la UNP, Invima, Ministerio de Transporte, DIAN, DANE, Superservicios, Dapre, Aeronáutica Civil, Ministerio de Salud, ANSV y la Corporación Aeronáutica Colombiana, entre otras.
Juvinao cuestionó los controles del Ministerio de Educación, el rol del ICFES y los procesos de verificación de las entidades contratantes, y solicitó a Educación, Procuraduría y Fiscalía iniciar actuaciones para establecer responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, así como determinar un eventual detrimento patrimonial y la posible devolución de recursos.
