Con el proceso de paz que se llevó a cabo en Cuba con los guerrilleros de la Farc surgió el capítulo de víctimas que consiste en cómo y con qué se van a reparar. Aunque se supone que las Farc serían las reparadoras por lo que fueron las principales victimarias, con el “quizás, quizás” de Santrich y con el inventario que entregaron con escobas, traperos y chócoros para reparar, nos dimos cuenta que le iban a mamar gallo a esa reparación.
Para tener acceso a la reparación por ser víctima surge la Ley 1448 de 2011 con un principal objeto: establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Asimismo, el artículo 3 dice que se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Surge que Colombia es un país respetuoso de las víctimas pero también de la propiedad privada. El artículo 58 de la Constitución de 1991, dice que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. … La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Estamos confundiendo desde hace rato en el país a tres situaciones que no han surgido todas, producto de nuestro conflicto interno: líder social, víctima e invasor de tierras. Además, también crea confusión lo relacionado con falsas víctimas o falsos reclamantes.
La misma ley dice en su artículo 120 que el que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
Hay que enfatizar que se vienen presentando muchos casos de falsas víctimas que ven en esta ley una gran oportunidad de recuperar un bien inmueble que hace más de 20 años vendieron bien vendido y sin ninguna presión por parte de ningún actor del conflicto armado de Colombia. O, de invasores de tierras invadiendo propiedad privada dando origen a otro conflicto con el agravante de que se vuelve un círculo vicioso de violencia.
