Las armas son instrumentos que generan peligro en su uso, cualquiera sea la forma de cómo se utilice, independientemente de quiénes y cómo las porten. Las armas sirven para causar daños, originado del accionar técnicos, disparando proyectiles que hieren, destruyen y matan. También se utilizan armas de fuego para: intimidar, atemorizar, amenazar, someter, humillar, perseguir, ejecutar acciones delictivas, destacándose atracos, secuestros, extorsiones y asesinatos, móviles criminales delincuenciales que surgen de la descomposición social que impulsan personas descarriadas, descontroladas y exacerbada; direccionadas a encender terrorismo y violencia, por mandatos y psicopatías, generando horror, pánico y zozobras colectivas.
Es cierto que el monopolio de armas está a cargo del Estado, en cabeza de las fuerzas militares, a la orden del gobernante y mandatario de turno. La industria armamentista, se constituye en fortaleza de naciones y territorio, no solo para garantizar seguridad y ejercer defensa de soberanía, sino para abusar, reprimir y oprimir. De ahí, que sea el instrumento indicado para predominar y dominar al interior de un territorio, invadir y piratear, predios y territorios ajenos, como ha ocurrido en imperios de naciones ricas, que disponen de arsenales para mostrar los dientes y contrapuntear con guerras frías y operaciones congeladas.
El porte y tenencia de armas de fuego en Colombia ha sido una costumbre de antaño, bloqueada, por la misma autoridad, que las comercializan, amparada con un permiso, en término limitado. A raíz de un proyecto de ley, radicado por la senadora, María Fernando Cabal del Centro Democrático que busca restablecer el uso de arma personal para ejercer legítima defensa, en circunstancia de agresión, de hechos delincuencial, que ponga en peligro la vida y atente, con la propiedad privada, familia, trabajo etc. La prohibición de usar armas fue decretada por el presidente, Juan Manuel Santos, a partir de preacuerdo de paz con la Farc. Aún cuando quienes quieren que se permitan que algunas personas porten armas de fuego para defenderse y enfrentar la delincuencia común, corresponden al partido político que gobierna, el presidente Iván Duque, prorrogó el decreto prohibitivo avalando la vigencia, del que expidió el su antecesor, Santos. La inseguridad que nos azota es aberrante y desesperante. Los ciudadanos no disponen de garantías ni confían en autoridades competentes. El desacredito, ineficacia, omisiones y corrupción en autoridades originan incertidumbres y pesares al continuar viviendo entre el acecho delincuencial, consumando crímenes sin contrarresto, ni resistencia. Particularmente, no comulgo con andar armado, precisamente por el peligro que ellas generan, pero a falta de protección del estado ¿Quién podrá defendernos? ¿Chapulín o Dios? La delincuencia organizada y aliada con algunos miembros instituciones armadas del estado son generadores de violencia que no se pueden negar.
Así como se prohíbe el uso de armas, también se debe garantizar, erradicación de esta, desarmando y controlando, las acciones delictivas, de lo contrario es un estado fallido, que no goza de firmeza para hacer valer y respetar la institucionalidad. ¿De qué sirve prohibiciones para unos y tolerancia para otros? Si no se dispone inteligencia y capacidad de reacción para eliminar y rendir la delincuencia esta terminará desplazándola a las autoridades con las armas de fuego como está ocurriendo en territorio. Lo mismo pasa en barrios, veredas, comunidades, zonas rurales y urbanas.
El uso indiscriminado de armas en los Estados Unidos genera a cada momento acciones violentas, ejercidas por desquiciados psicópatas en diferentes Estados, generando trágicos resultados horrorosos, lo que ha impulsado al presidente Joe Biden a radicar un proyecto de ley que regule el negocio y ventas de armas, prohibiendo el uso de fusiles de asaltos, enfrentando a la poderosa institución interna, Asociación Nacional de Rifle (NRA), que financia campañas política, de parlamentarios Republicano, a cambio de protección.
