El país ha vivido escenas repetitivas de paros, bloqueos y manifestaciones desde hace varios años, en 2013 tuvimos una manifestación agraria liderada por campesinos e indígenas. Hubo exceso de la fuerza por parte del Esmad, y provocaciones armadas, sin embargo, se alcanzó un pacto agrario gremial, que incluyó una serie de medidas que apagaron el incendio.
Luego todos sufrimos las manifestaciones del sector transporte con el paro camionero, y recientemente fuimos testigos del paro nacional de 2019, el cual generó alarma debido al vandalismo en distintas ciudades capitales y el saldo de muertos. En esas manifestaciones falleció Dilan Cruz, quien fue el símbolo de dicha protesta social, y que además expuso el exceso de la fuerza del mismo Esmad y en general de la fuerza pública. La deuda social actual involucra un sinnúmero de requerimientos y reclamos de la ciudadanía, los cuales han venido siendo enfrentado con mesas de conversación nacional que no han generado ningún tipo de cambios estructurales que resuelvan las querellas populares.
Nuevamente la olla presión se encuentra pitando y dentro de ella hay un caldo multicausal de descontento social. Las manifestaciones sociales siguen, algunas pacíficas otras vandálicas y violentas, acumulando un saldo de más de 30 fallecidos, en su mayoría jóvenes y un número difuso de desaparecidos. La sola instalación de una mesa de negociación no será suficiente, el Gobierno deberá lidiar con la difícil tarea de sentar en la mesa a los voceros de cada una de las organizaciones civiles que se encuentran en pie de lucha para así legitimarla y lograr que todos los manifestantes se sientan representados. Esta mesa deberá enmarcarse bajo un modelo de negociación que brinde respuestas tempranas a las necesidades sociales, para ello deberá conformarse un grupo negociador de gobierno empático y conectado con nuestra realidad.
Si bien no hay un músculo fiscal que pueda brindar soluciones económicas de gran envergadura a corto plazo, debemos admitir que la calle exige reconocimientos simbólicos que pueden desescalar el conflicto; que el presidente acepte los excesos de la fuerza pública y proponga un plan de investigación y judicialización de los militares que cometieron delitos, es un acto de sensatez de carácter inaplazable. Así mismo el comité de paro, deberá rechazar y desmarcarse de los actos vandálicos.
