Interesante intercambio de experiencias de construcción de país y organización territorial logramos entre nuestra Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FOM).
Todos los Gobiernos latinoamericanos tendrán que pasar por Madrid para repensar su futuro y construirlo, y mucho más Colombia que está celebrando su Bicentenario.
Por eso, es pertinente desarrollar, a través de diálogos internos y de muy alto nivel, una idea de país y su organización como nación. También un proceso estratégico que permita transformar la sociedad y al hombre para lograr mayor bienestar y crecimiento económico y social.
Según la Fundación Ortega y Gasset, el principal problema de Colombia es que es uno de los países más desiguales del mundo. Tiene internamente un manejo territorial que la promueve (la desigualdad) e impacta negativamente en el manejo de la economía, del gobierno y de los servicios públicos.
Por eso, la política tiene que, a través de modelos de desarrollo que hayan comprobado su éxito, afrontar la desigualdad territorial con una institucionalidad más sólida. Según ellos, en Colombia no se toman decisiones de fondo y por eso convivimos con extremos de violencia y bonhomía.
Explicaron que la historia de España es la de la construcción de un territorio y, en especial, de un sistema de gobierno que se ha ido perfeccionando y aún no ha terminado de construirse. Entendieron que autonomía no es soberanía y, por tanto, aceptan que tienen un Estado soberano y autónomo en sus territorios, es allí donde radica la diferencia.
También explicaron que es muy difícil descentralizar históricamente el Estado central sino está consolidado. En España hay una institucionalidad que se fortalece a través de una seguridad jurídica importante.
Si no se hace de esta manera se llegará a una crisis, que son precisamente los momentos históricos que más sirven para revisar y hacer funcionar mejor las cosas de gobierno. Hay que apostar por un proceso de revisión permanente.
Lo básico y lo esencial son los fundamentos de representación ciudadana, de los estatutos sociales de un Estado Social de Derecho y los principios básicos de igualdad y legalidad como elementos fundamentales de constitución del Estado.
También es básico llegar a esos procesos autonómicos con verdadera capacidad legislativa de los parlamentos con el fin de permitir el máximo desarrollo institucional.
El gran reto, entonces, es lograr un modelo constitucional muy fuerte que permita la construcción de los recursos y fondos necesarios para garantizar la descentralización manejada directamente por las regiones.
Las cifras son elocuentes. En el caso de Andalucía, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de €$36 mil millones y los catalanes €$42 mil millones. No es una simple descentralización de caja, es una capacidad de decisión sobre sus competencias y funciones que deben ser manejadas directamente en el territorio.
La descentralización como capacidad de tomar decisiones y capacidad de planificar el gasto con autonomía, y las decisiones estratégicas tienen que ver con el modelo de descentralización, la administración, la descentralización política y sus competencias.
Queremos, entonces, llegar a una política de Estado que coordine sus actividades en cada territorio a través de un buen gobierno con liderazgo ético que genere confianza.