Cada cierto tiempo revive el tema de los ‘falsos positivos’ y se le achaca ese mal a la política de seguridad democrática del gobierno Uribe.
Nada más alejado de la realidad y de la finalidad de dicha política pública, la cual tenía como objetivo misional fortalecer las actividades de los órganos de seguridad del Estado para enfrentar los grupos armados al margen de la ley, perseguirlos y someterlos hasta lograr su desmovilización, como una expresión legitima del poder del Estado que detenta el monopolio de las armas para usarlas y garantizarla seguridad de la sociedad y la defensa de las instituciones del Estado Colombiano. Que quede claro entonces que la “Seguridad Democrática” fue una política pública del Estado y no una estrategia para asesinar civiles.
Dicho lo anterior, no podemos caer en el juego del engaño de ONG´s y representaciones políticas de variadas ideologías que tienen sus propios intereses y utilizan el tema de los ‘falsos positivos’ para obtener réditos políticos o ganar jugosas demandas contra el Estado. Para llegar a la verdad de lo sucedido, los oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron inmersos en la realidad del conflicto armado también tienen el derecho al Debido proceso y a contar su verdad sin ser sometidos a la presión de una Corte Penal que los obligue a decir solo lo que ella quiere escuchar.
La sociedad colombiana no puede ser cómplice incauto de la destrucción de una Institución querida y respetada por los colombianos como el Ejército Nacional, permitiendo que se inicie una cacería de brujas instigada por intereses oscuros donde la voz del pueblo, por desconocimiento de la verdad, sea la caja de resonancia de esos intereses. Es mucho el agradecimiento que debemos desde nuestra independencia a esta institución como garante de la institucionalidad democrática de nuestro país.
No es bueno el show mediático de atribuir responsabilidad sin antes analizar cada una de las motivaciones y situaciones difíciles que tuvieron que vivir nuestros militares inmersos en un conflicto que duró más de 60 años. La justicia especial para la Paz, JEP, deberá una vez terminadas las indagaciones a los implicados, seguidas por comisiones de verificación del gobierno y de organismos internacionales, determinar si esos 6.402 casos en realidad fueron asesinatos de inocentes o de combatientes legítimos de redes de inteligencia que actuaban desarmados, o porque otro tipo de hechos se presentaron, en aras de una real interpretación judicial de lo ocurrido en el marco del conflicto armado.
Para llegar a conclusiones serias y creíbles se deben analizar y considerar las causas reales de esas 6402 muertes. Si fueron el resultado de diversas situaciones presentadas en las diferentes áreas de operaciones o por la degradación misma del conflicto por violación del DIH como ha sucedido a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo.
Es necesario conocer la verdad sobre aspectos como: 1. Muertes por efectos colaterales que en el DIH es el daño o perdida causado incidentalmente durante un ataque, a pesar de tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el daño o pérdida de vidas o bienes civiles. La JEP deberá esclarecer –junto con los militares implicados–cada víctima que causaron y porque algunas se presentaron como baja enemiga sin serlo, para esclarecer verdaderamente la estadística presentada. 2. Muerte o asesinato por parte de las facciones paramilitares de civiles, sean colaboradores o no, ya que en diferentes versiones rendidas ante la JEP los militares han contado haber recogido estos muertos y presentarlos como resultado de operaciones para aumentar las estadísticas. Es necesario esclarecer estos casos para determinar la responsabilidad de los implicados. 3. Crímenes de guerra, que es toda violación de las protecciones establecidas por las leyes, o asesinatos de prisioneros o capturados. Aquí, lo mismo que en los casos mencionados anteriormente, los militares inmersos en la investigación deben esclarecer las motivaciones que los llevaron a quitarle la vida a estos guerrilleros o milicianos que realizaban actividades de inteligencia o diferentes apoyos logísticos, distinto a empuñar las armas. Esas motivaciones hay que entenderlas en el marco de la guerra como circunstancias propias de la misma, entendiendo que una guerra no es fácil y hacen que el combatiente en el área de operaciones por cansancio, temor o venganza crea que lo mejor para terminar el conflicto sea la desaparición física del adversario. 4. Falso positivo: Se define como la retención de una persona inocente que no tenga nada que ver con el conflicto (delincuentes comunes, campesinos, etc.), y a la que se da muerte para inflar la estadística de resultados operacionales. Desde luego son hechos que no tienen presentación y que los militares que los cometieron deben entregar verdad plena con el fin de que no haya repetición y se logre la verdadera reconciliación que espera el pueblo colombiano.
Sin este ejercicio donde se discrimine cada situación mencionada no podrá la JEP establecer con claridad las muertes reales de inocentes no pertenecientes al conflicto y, por el contrario, se vería como una institución no imparcial, sesgada, con intereses creados, como ya lo intento al tratar de minimizar el crimen de secuestro como una justa retención cuando indagaron a la antigua Farc desmovilizada. Quedan unos interrogantes en el imaginario de la sociedad, porque la JEP se apresura a dar un dato sin hacer la discriminación caso por caso y sin determinación aun de responsabilidad y, ¿porqué con unos tratan de atenuar y con otros de escandalizar? Por el contrario, si la JEP logra aclarar esta estadística se mostraría como un referente imparcial, que actúa sin manipulación las cifras.
En este nuevo tiempo donde soplan vientos de paz, de una paz total, está en juego la credibilidad de una justicia que fue creada para la reconciliación del país, no para la impunidad y menos para el descredito de instituciones como el Ejército Nacional.