Que La Guajira es una tierra hermosa, pero sin ley, ya lo sabemos. Belleza inigualable y riquezas que, paradójicamente coexisten con la miseria y el abandono. Pero en los últimos tiempos, a la lista de pesares de este departamento, se ha sumado uno que ya raya en el desespero y la indignación del ciudadano de a pie: el incremento desmedido, y a mi juicio, descarado, de las protestas que terminan en cierres de vías y bloqueo de servicios esenciales.
Soy un guajiro más, que día a día se esfuerza por hacer las cosas cada día mejor. Soy de los que cree firmemente en la justicia social, en el reconocimiento de los derechos ancestrales y en el valor innegable de la Consulta Previa. Las comunidades étnicas, especialmente la wayuú, merecen todo el respeto y las garantías que les asisten por ley. No estoy aquí para desconocer esa realidad. Mi frustración y la de muchos, surge cuando vemos cómo ese mecanismo legítimo se ha convertido en una carta blanca para el caos y, peor aún, en una herramienta utilizada para extorsionar con intereses netamente particulares o, sencillamente, para desconocer acuerdos ya establecidos, poniendo en jaque el bienestar y la salubridad de toda una población.
¿Qué se le puede pedir a un ciudadano que amanece con la vía bloqueada por enésima vez? ¿A la madre que viene de San Juan a Riohacha y que no puede llevar a su hijo enfermo al hospital porque un grupo decidió tomarse la carretera? ¿Al transportador que pierde su viaje porque cerraron cuatro vías y, con él, el sustento de su día? La paciencia, créanme, se agota. La gente ya no solo protesta en voz baja; la gente está empezando a tomar medidas propias, porque la confianza en que las administraciones locales y departamentales pongan orden se ha esfumado como el agua en el desierto.
Un caso que ilustra perfectamente esta triste y preocupante situación es el que tiene como protagonista al señor Ete Alberto “Beto” Solano, propietario del predio adyacente al Relleno Sanitario del Norte. El Relleno, un sitio crucial para la salubridad de Maicao, Uribia, Manaure y eventualmente Riohacha, ha sido blanco constante de bloqueos. ¿La razón? Supuestos desacuerdos o reclamos por parte de líderes de protestas que, para lograr su cometido, sencillamente invaden la propiedad privada del señor Solano porque les da la gana y la alcaldía de Maicao lo permite.
Este terreno, además de su función actual, tiene una proyección vital para el desarrollo económico de la región: la anhelada Zona Franca. Pero, ¿cómo se puede siquiera soñar con inversión y progreso cuando ni siquiera se puede garantizar la operación del servicio de recolección de residuos o el respeto por la propiedad privada?
El hartazgo del señor Solano lo llevó a hacer lo que le tocaba ante la inoperancia institucional: interponer una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra varios líderes de estas protestas recurrentes. Es una acción desesperada, un grito de auxilio de un propietario que ve cómo su tierra es utilizada una y otra vez para el vandalismo social, sin que ninguna autoridad haga algo para proteger sus intereses y, lo que es más grave, para garantizar la salubridad pública y su visión empresarial.
Esta denuncia está a punto de cumplir un mes. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿dónde están las garantías para este ciudadano? ¿Dónde está el Estado para proteger los derechos de quienes no están bloqueando vías, sino que están siendo víctimas de una anarquía descomunal y pagan sus impuestos a tiempo?
Insisto: la Consulta Previa y los derechos de las comunidades son sagrados. Pero no podemos permitir que estos instrumentos se tergiversen hasta convertirse en una Patente de Corso para el desorden, la extorsión y la parálisis social. Cuando una protesta, en lugar de buscar un derecho, termina violando el derecho a la libre circulación, a la salud y a la propiedad de miles de ciudadanos, algo está fundamentalmente mal. Se ha cruzado una línea.
He sido durante mucho tiempo un promotor y preservador de los derechos que nos asisten a los usuarios de los servicios público; hemos realizado protestas argumentadas minimizando el impacto social (dormimos 4 días frente a la subestación eléctrica de Electricaribe (en su momento), sin afectar el tráfico de los usuarios que iban al sur del departamento), pero ahora hasta se ve el descaro del resultado de dichos paros reflejados en montos de dinero que supuestamente entregan algunos funcionarios, que innegablemente son cómplices de estas graves vulneraciones.
El mensaje es claro: Se Pasan. Se pasan quienes usan una causa justa para fines egoístas. Se pasan las administraciones que permiten que la inmovilidad sea la norma sin poner una sola denuncia. Y se pasan los líderes que, con su accionar, están logrando lo impensable: poner al ciudadano común, respetuoso de los derechos ciudadanos, en franco choque con las comunidades, por la simple y llana razón del cansancio ante el caos. Es hora de que las autoridades actúen (utopía que anhelamos cambie), antes de que el ciudadano del común, como el señor “Beto” Solano, termine siendo el único que ponga la cara y el pecho ante esta dolorosa situación.
