La reciente aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro ha generado preocupación en diversos sectores. Lejos de solucionar los problemas del sistema de salud, esta reforma podría agravarlos. Las intervenciones a las EPS, en lugar de mejorar la situación, han profundizado el caos en el sector.
Durante más de 30 años, Colombia ha construido un modelo de salud basado en los principios de universalidad, equidad y solidaridad. Con una cobertura del 98% de la población, el sistema garantizaba el acceso al mismo plan de beneficios para todos los colombianos, independientemente de su capacidad de pago. Además, el gasto de bolsillo se había reducido a menos del 15%, un logro significativo en la región. Sin embargo, persistían problemas de acceso y calidad, especialmente en regiones apartadas, debido a la baja gestión local y la falta de recursos.
En lugar de enfocar los esfuerzos en mejorar la gestión y establecer controles más rigurosos, el Gobierno optó por desmantelar el sistema existente para imponer un modelo estatal centralizado. Esta visión ideológica busca concentrar los recursos en una entidad estatal sin capacidad administrativa para una labor tan compleja, lo que incrementa los riesgos de ineficiencia y corrupción.
Un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) revela un panorama preocupante: la reforma podría generar un déficit de $141,4 billones en los próximos 10 años, mientras que el Ministerio de Salud proyecta un superávit de $21,8 billones. Esta abismal diferencia de $163 billones evidencian la falta de realismo en las proyecciones del Gobierno, especialmente al asumir que la atención primaria reducirá rápidamente el gasto en servicios de mayor complejidad.
A esta situación se suma la serie de informes ‘El laberinto de los dineros de la salud’ de La W Radio, que destapa redes de corrupción en el sistema. Se documentan casos de desvío de recursos a través de la Fiduprevisora y de empresas de papel en el extranjero, como Venum Investments 2020 SL, en un escándalo de desviación de recursos que podría superar los 1,3 billones de pesos. Hechos como estos demuestran que el manejo centralizado de los recursos de la salud en manos de burócratas y clientelistas facilita la pérdida y el mal uso de los recursos. En un país con un sistema judicial eficiente, el Gobierno debería estar rindiendo cuentas.
Los resultados de las intervenciones a las EPS son claros: las quejas de usuarios pasaron de 1.235.856 en 2023 a 1.584.430 en 2024, representando un aumento superior al 22%, lo cual deja en evidencia el incremento en la insatisfacción de los usuarios. Por otro lado, el patrimonio neto de las EPS pasó de -5 billones a finales de 2023 a -7.1 billones de pesos a finales de 2024, lo que representa un aumento del 41% en pérdidas patrimoniales. Además, desde las intervenciones, la Superintendencia dejó de publicar los estados financieros detallados de las EPS intervenidas, generando un preocupante manto de opacidad.
En conclusión, la reforma propuesta no soluciona los problemas del sistema de salud, pues sencillamente no los atiende. Por el contrario, introduce nuevos riesgos y amenaza con destruir los logros alcanzados en las últimas tres décadas.
Resulta alarmante que, a pesar de las claras señales de advertencia, un sector del Congreso haya decidido apoyar esta reforma a la salud sin evaluar rigurosamente sus implicaciones. ¿Acaso ignoran que están poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de colombianos? Al aprobar un proyecto que centraliza el manejo de los recursos en manos del Estado, sin garantías de eficiencia ni transparencia, están cavando un abismo para el sistema de salud. Los congresistas que dieron su voto a favor de esta reforma deberán responder, no solo ante la historia, sino ante cada ciudadano que vea vulnerado su derecho fundamental a la salud.
