En el año 2021 fui subcontratado para ayudar con el cargue al SUI de Riohacha y Manaure, nos colocaron un plazo de 72 horas para completar con la labor lo cual lo hicimos en un tiempo menor y cada tópico soportado. Pero algo que vimos con preocupación fue cómo montaban al sistema datos antiguos y cuestionables, coberturas proyectadas, hechos importantes que estaban y siguen desatendidos y sobre todo y una estratificación sin que haya un comité permanente en uso de sus funciones o inexistente.
Por eso hablo con conocimiento de causa de lo que pasa en la capital, donde la Administración distrital y sus voceros han venido repitiendo que se han dado pasos importantes: contrato de operación con una firma internacional, nueva infraestructura, mejor cobertura, certificaciones de cumplimiento, subsidios estatales que garantizan el acceso para estratos bajos. Ejemplo de esto es el contrato de operación firmado con Aqualia desde el 1 de junio de 2023 para 30 años, con el objeto de gestionar, rehabilitar, ampliar y mantener los servicios de acueducto y alcantarillado en Riohacha.
El discurso es claro: “vamos a cambiar la historia”, “vamos a que el agua fluya, que las aguas servidas no vuelvan a las calles”, “vamos a certificar que todos los recursos se usan bien”, ombee.
La cobertura del alcantarillado apenas alcanzaba el 52.2 %. (índice del promedio nacional del 73,1%), una cifra que necesariamente implica: casi la mitad de los domicilios carecen del servicio formal o están fuera de una red plena de alcantarillado.
Por otra parte, un artículo reciente señala que en La Guajira y por extensión en su capital los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado ‘son los de menor cobertur’. Desfase entre lo informado y lo ejecutado.
El sistema de información regulatorio, Sistema Único de Información (SUI), consigna reportes de actos de aprobación de tarifas, subsidios y contribuciones; sin embargo, aparecen rutas de incumplimiento y vacíos de información. Por ejemplo, la Superintendencia advirtió sobre municipios que no han destinado recursos del Sistema General de Participaciones como exige la Ley.
Infraestructura en crisis y servicio deteriorado
La licitación para el acueducto de Riohacha fue suspendida en enero de 2023 por alertas de la Procuraduría General de la Nación que señalaban posibles irregularidades. Esto revela que la infraestructura y su operación no se manejan con la transparencia o eficacia prometidas.
Y cuando ni la red de alcantarillado cubre escasamente el 50 % de la ciudad, no es sorpresa que ‘la ciudad esté llena de aguas negras’ en sectores vulnerables ante el incremento de la explosión demográfica. La cobertura tan baja, sumada a fallas de mantenimiento y los innumerables puntos ciegos (tuberías que no conducen a ningún lado), genera un entorno urbano insalubre y eso que no hemos preguntado por el Plan Anual Operativo de inversiones porque la empresa cobra al municipio y a los usuarios, pero no invierte para cumplir con los compromisos firmados.
La Administración afirma que “se le paga a la prestación del servicio”, que “la Alcaldía cubre subsidios por miles de millones de pesos”, y que “todos los certificados de cumplimiento están en regla”. Pero aquí entra la tensión: ¿cómo se concilian esos certificados de la Secretaría de Planeación y Subsidios con una prestación del servicio gravemente deficiente?
El resultado es que la ciudad parece estar ‘al cuello’ de sus propios servicios: muchas personas reciben agua de forma intermitente, o de baja calidad; muchas más vierten sus aguas servidas en sistemas deficientes o inexistentes. Y lo que es peor: la buena voluntad declarativa se convierte en un coste público y privado de vivir en un entorno sanitario deficiente.
¿Qué alternativa tiene el ciudadano riohachero?
- Auditoría social, técnica e independiente de los contratos de operación, de los certificados de cumplimiento y del uso real de los subsidios. Que se compare lo aprobado en SUI con lo que hay en campo. (revisar todo lo escrito).
- Plan urgente de cobertura parcial: mientras la infraestructura completa no está, implementar redes modulares, bombas, tanques, soluciones de saneamiento adecuados para barrios vulnerables. (contingencia, eventualidad).
- Transparencia en los subsidios: publicar cuánto se ha girado, quién recibe el subsidio, qué porcentaje de cobertura se alcanza, cuál es el estado de la red.
- Responsabilidad administrativa: que quienes firman certificados de cumplimiento lo hagan sabiendo que están avalando realidades verificables (no son solo documentos).
- Participación comunitaria comprometida: vecinos informados, vigilancia ciudadana activa, canales de queja que funcionen. Si la ciudad está ‘llena de aguas negras’, no es solo un fallo técnico, es también un fallo de gobernabilidad.
- Los entes y el Concejo… pérdida deliberada de tiempo al intentar contar con ellos.
Riohacha exhibe una contradicción grave: muchos recursos públicos, contratos internacionales, discursos elevados… pero en los barrios sigue el agua que no llega, el alcantarillado colapsado, las calles que huelen a abandono. El título ‘¿con el agua al cuello?’ no es metáfora superficial: es literal para muchos habitantes que viven con el peso de redes insuficientes, de subsidios que no transforman en bienestar, de certificados que no coinciden con su realidad y de un alcalde que dice una cosa y hace otraPrincipio del formularioFinal del formulario.
