Borrón y cuenta nueva habrá que hacer después de las elecciones que tendrán lugar este 2022. Los escrutinios post elecciones del 13 de marzo son una vergüenza y desnudan las falencias de un sistema electoral obsoleto, vulnerable a las malas prácticas y corrupto, afectando la credibilidad pública, la transparencia en los resultados y la libre expresión del voto ciudadano, con lo cual se deslegitima la democracia.
Parece que en Colombia es cierto aquello de que “el que escruta elige” porque nuestro sistema electoral tal y como está diseñado se presta para la manipulación y el fraude. No puede ser que el mismo órgano que organiza las elecciones sea el que realice los escrutinios y, aunque siempre haya así sido, es hora de cambiar este sistema que se presta para todo lo malo por uno que garantice la pureza de las elecciones.
Nuestro sistema electoral es frágil a la corrupción y al fraude. Son comunes y corrientes prácticas como la compra de votos y jurados, suplantación de estos, influencia de los mismos en los resultados, manipulación del preconteo, suma y resta de votos a favor o en contra de candidatos, direccionamiento de la votación para elegir. El colmo del descaro ha llegado hasta comprar a los funcionarios de la Registraduría para ponerlos al servicio de intereses personales y asegurar el triunfo de un candidato con fraude. Como será de inmoral la cosa que se ha vuelto normal la venta “de paquetes” en la Registraduría, y se dice que para salir elegido hay que dar tanto dependiendo la posición a la que se aspire.
El Congreso no ha legislado lo suficiente para fortalecer el sistema electoral contra los vicios que lo afectan, ni para modernizarlo. El voto electrónico esta en mora de ser implantado. No se aplica totalmente la tecnológica para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso electoral. En un mundo basado en la automatización de procesos, cómo es posible que sigamos contando votos manualmente, apilados en una mesa por grupitos; esto facilita la corrupción, la manipulación y el fraude electoral.
Es urgente una reforma constitucional para modernizar el actual sistema electoral. El congreso por vía legal no lo va a hacer porque los legisladores son al tiempo los políticos que se han beneficiado con los vicios del sistema electoral, mismo que les ha servido para hacerse elegir y reelegirse.
No voy a decir nada nuevo sobre lo que ya existe en otros países donde las elecciones están a cargo de un órgano independiente a la cabeza, que sirve de ente rector, junto con los tribunales, jueces y notarios electorales y las juntas de escrutinios nacionales y locales, conformando una organización institucional en cada nivel administrativo que funciona de manera permanente y no durante las elecciones.
La reforma debe quitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil la función de director de las elecciones, dejándola a cargo solo del registro civil de las personas, o apenas para organizar la logística de las elecciones y crear otra entidad diferente para los escrutinios. O definitivamente hay que crear el poder electoral como una organización institucional autónoma e independiente, con organismos y autoridades con la capacidad para organizar, dirigir y realizar las elecciones.
El país observa con estupor como los escrutinios cambiaron la composición del senado respecto del número de curules del pacto histórico, quedando sembrada la duda de que se le metió la mano a la votación para favorecer a ese grupo político, en perjuicio de otros partidos y en contra de la voluntad del elector.
La empresa española Indra fue la contratada para el manejo de las cifras que arrojen las votaciones de 2022, sin permitir auditorias de nadie. El día de las elecciones se cayó la página web de la Registraduría, después aparecen misteriosamente 500 mil votos de más al pacto histórico, hechos que hacen desconfiar de esta empresa que ha sido cuestionada internacionalmente, a la que se le relaciona con el PSO español de tendencia socialista del actual presidente Pedro Sánchez, quien se reuniera con Petro en Madrid el pasado10 de enero.
Los vínculos de Indra con la izquierda, la relación del candidato Petro con el jefe del gobierno español, más el hecho de que sea la empresa contratista para estas elecciones despiertan dudas sobre su imparcialidad en el actual proceso electoral.
Para las elecciones presidenciales el registrador Alexander Vega debería renunciar, o separarse del cargo para que se nombre un registrador ad hoc que sea prenda de garantía y transparencia para todos los partidos en contienda. Mucho es lo que está en juego en estas elecciones y el registrador por sus antecedentes y su actuación en las elecciones parlamentarias pasadas no inspira la confianza que merece la imparcialidad.
