El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.
La Superintendencia de Servicios Públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando ‘el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos’. En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.
Es más, en el caso del impuesto al alumbrado público, es la Ley 352 de 2016, la que establece que en su artículo 352, establece que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio ajeno al mismo. Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá además en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades.
Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada ‘limitación de suministro’ a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de ‘defender’ al usuario, como aduce el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, cuando sostiene que él está ‘del lado de los usuarios’.
Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere. Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la Creg en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el Mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado nacional (SIN).
Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.
Esa deuda, que asciende a los $2.8 billones al corte de diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos. Varios meses después que el ministro Camacho manifestó que ya su despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía ‘restricciones de caja’ y que ello se lo impedía.
Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual ministro de Hacienda, Diego Guevara, se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del ministro, para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de los 2.8 billones a los $3 billones.
Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción Tarifaria, que asciende aproximadamente a los $2.5 billones y que el propio presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar. Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones.
