Muchos esperan que varias medidas del Nuevo Código Electoral, ley estatutaria que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional, empiecen a regir para los comicios de Congreso y Presidencia del próximo año.
El magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, según observamos, se encuentra con bastante atraso en la posible elaboración del proyecto de sentencia que ponga fin a tantas expectativas de cómo quedará nuestro sistema electoral. Son 252 artículos del proyecto de ley, que fueron aprobados incluso convocando sesiones extraordinarias en el Congreso y 194 páginas que componen la naciente reforma al sistema de elecciones en Colombia.
En el texto presentado en el Legislativo, impulsado por la organización electoral con el aval del Gobierno nacional, se incluyeron aspectos tan disímiles como la modalidad de votación y las reglas de juego por las que se regirán las encuestadoras del país, por ejemplo. Esto ha hecho que la revisión de la Corte Constitucional sea compleja y que tenga que ser analizado en sus pequeñas piezas y no en un todo.
No tenemos dudas que los procedimientos de inscripción de cédulas de ciudadanía, inscripción de candidaturas, las reglas para el desarrollo de las campañas y el funcionamiento de la misma jornada electoral, deben hacerse bajo las normas electorales vigentes, ya que es imposible esperar aplicar algunas normas del Nuevo Código Electoral una vez se surta el control previo de revisión de la Corte Constitucional, lo cual creemos no será pronto. La legitimidad de las elecciones, se fundamenta en la existencia de normas claras, ciertas, precisas y conocidas con anterioridad.
De acuerdo con lo consignado en el proyecto, para aspirar a cinco o más cargos las listas deberán tener un 50% de cupos de mujeres. Actualmente el límite está en el 30%. Actualmente la Cámara de Representantes en La Guajira se compone con dos hombres y una mujer.
Las mesas de votaciones iniciarán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 5:00 p.m. Se garantiza el transporte, por medio de rutas hacia los puestos de votación urbanos y rurales, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Para los colombianos residentes en el exterior, el período de votación será de una semana.
Se permite que se puedan mandar mesas a las veredas lejanas, a diferencia de hoy que se pueden concentrar 20 mesas en un mismo puesto
El proyecto hace un importante énfasis en términos tecnológicos, que incluyen la biometría, el voto electrónico mixto y la adquisición de un software propio para la realización del escrutinio. Hoy en día todos los abogados litigantes siempre hacemos serios reparos al software privado que interviene en los escrutinios y que en este debate del 2022 seguirá siendo el mismo.
Las novedades del voto electrónico no serán usadas de ninguna forma en las elecciones de 2022, ni tampoco las auditorías –que implican que los partidos van a tener un representante especial que va a saber con anterioridad los resultados de la mesa antes de que sean transmitidos–, ya que no hay el suficiente tiempo para que se realicen.
Un punto importante es el rol de los testigos electorales, ya que el Congreso aprobó que puedan utilizar celulares, grabadoras y cámaras de foto y video durante el escrutinio de la mesa para el desarrollo de su función. Sería muy lamentable no aplicar estas atribuciones que dan transparencia al proceso electoral.
Estamos a la espera del examen que haga la Corte Constitucional, pero lo cierto es que hoy Colombia tiene un nuevo Código Electoral que implica unas nuevas reglas de juego en la escogencia de sus gobernantes. Algunos han expresado temores, otros celebran y la gran mayoría de la ciudadanía se mantiene a la expectativa de su aplicación real en las urnas. ¿Será cierto que ahora se verán procesos limpios y legítimos? Todo indica que se está atacando de raíz la corrupción electoral.
Lo cierto es que hoy en día no se tiene certeza sobre las normas que se tendrán que aplicar para el 2022. Hay que esperar que la Corte expida la respectiva sentencia, y ojalá no nos sorprendan con una inexequibilidad de todo el proyecto por haberse aprobado las conciliaciones en sesiones extraordinarias.
