El 2024 marcará el inicio de una nueva etapa para La Guajira con la construcción e implementación de nuevos planes de desarrollo para el Departamento y sus municipios. Estos planes no son meros documentos, son una firme expresión de voluntad política que guiará el destino regional en los próximos cuatro años, buscando movilizar los recursos necesarios para impulsar el desarrollo territorial.
Es crucial que los planes de desarrollo reconozcan y aborden de manera efectiva los desafíos territoriales, entre los cuales destaca la necesidad de avanzar hacia una transición energética justa. Aunque el concepto no es nuevo, sí ha pasado inadvertido en planes anteriores.
En términos generales, una transición energética justa implica subsanar los impactos de abandonar y reemplazar energías fósiles, como el carbón, por energías renovables como la solar y eólica. Estos impactos son diversos e incluyen desde la pérdida de empleos y recursos económicos hasta afectaciones ambientales. Además, incluyen preocupaciones asociadas al aumento de las energías renovables, como la distribución de los beneficios y la legitimidad de los procesos de consulta con las comunidades locales.
En La Guajira, lograr una transición energética justa implica abordar dos aspectos fundamentales: preparar al territorio para una salida responsable de la minería de carbón y construir un relacionamiento distinto entre los diversos actores del territorio y los proyectos de energía renovable.
Merece atención la marcada dependencia de la economía guajira hacia la minería de carbón, especialmente ante la incertidumbre que rodea el futuro de Cerrejón. Aunque en teoría se proyecta el cierre de Cerrejón en 10 años (2034) según la vigencia de sus títulos mineros, experiencias previas, como la renuncia anticipada de Prodeco a sus títulos mineros en el Cesar, subrayan la importancia de prepararse para este tipo de eventualidades.
La suspensión de la operación minera de Prodeco generó una crisis social, económica y ambiental en los municipios del corredor minero del Cesar y zonas portuarias en el Magdalena. Considerar este precedente es sumamente relevante porque nada garantiza que no pueda pasar lo mismo con Cerrejón. Al fin y al cabo, la regulación nacional sobre cierre de minas sigue sin ser clara y ambas empresas comparten la misma casa matriz: Glencore.
Una transición energética justa va más allá de posturas a favor o en contra de la minería de carbón. Se trata de preparar al territorio para una transición ordenada, inclusiva y bien pensada, respaldada por planes de desarrollo con visión a largo plazo. Para avanzar en este propósito, el gasto público departamental y municipal debe contribuir a la reconversión y diversificación productiva del territorio mediante inversiones estratégicas de los recursos de regalías. Además, es preciso aumentar la transparencia en torno a los planes de cierre de mina y su financiación, concertando medidas de reparación integral para las comunidades afectadas por la operación minera. Estas medidas deben incluir estrategias de reconversión laboral para anticiparse a la inevitable pregunta: ¿Qué sucederá con los más de 12.000 empleados de Cerrejón una vez se cierre la operación minera? ¿y qué pasará con los empleos informales que también dependen de esta actividad económica?
Por otra parte, es necesario construir un relacionamiento distinto entre las comunidades, entidades públicas y empresas promotoras de proyectos de energía renovable para garantizar que este nuevo sector económico se traduzca en beneficios más amplios y mejor distribuidos. Según datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), existen al menos 13 proyectos eólicos y 5 proyectos solares a gran escala, vigentes, con fecha de entrada en operación en los próximos 3 años.
Estos proyectos, si bien son importantes para avanzar en la lucha contra el cambio climático, no son inherentemente justos o injustos. Se han presentado numerosas quejas en torno a los impactos sociales y culturales, los conflictos por el uso de la tierra y la legitimidad de los procesos de consulta, entre otros temas que han llevado a diversos bloqueos y protestas generando retrasos en varios proyectos.
Los planes de desarrollo deben considerar estrategias que permitan abordar estas y otras preocupaciones mientras se gestionan las expectativas de los diferentes actores implicados. Algunas acciones clave incluyen facilitar el acceso a información sobre los proyectos y el territorio, delimitar el rol de los asesores comunitarios, regular y garantizar estándares para la distribución de beneficios a las comunidades, y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas regionales para atender y asegurar procesos balanceados.
Una transición energética justa es un proceso transformador que requerirá un riguroso y constante diálogo multiactor. Es importante que los ejercicios participativos en el marco de la construcción de los planes de desarrollo consideren las propuestas de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras y proyectos de energía renovable, incluyendo a los trabajadores y sus sindicatos. Organizaciones de la sociedad civil, academia y ONGs también han construido propuestas valiosas que merecen ser ponderadas.
