La presunción de buena fe es sustantiva en los negocios, y ese principio guió a la ministra de Transporte cuando los bancos financiadores de la Ruta del Sol, de buena fe mientras un juez no determine lo contrario, propusieron conciliar sus acreencias.
Quién dijo miedo; los detractores de oficio del Gobierno, los que antier pedían la cabeza del minhacienda y ayer la del mindefensa, hoy piden exaltados la de la ministra.
¿Qué hizo la ministra Orozco? Lo que tenía que hacer: defender los intereses de la Nación, aunque las explicaciones no hayan sido suficientes y el tratamiento mediático malintencionado. Vale la pena, entonces, aclarar varios aspectos:
Primero: el Ministerio no buscó a los bancos; fueron estos los que presentaron una propuesta de conciliación.
Segundo: Cualquier cosa que se conciliara sería llevada al Tribunal de Arbitramento, pero no la hubo.
Tercero: Los bancos buscaban conciliar porque, al margen del proceso arbitral, la SIC –léase Pablo Felipe Robledo por directrices de Santos–, le ordenó a la ANI, en 2017, la liquidación del contrato.
Cuarto: Como hoy se conoce en las grabaciones, Santos pidió una “solución amigable…, la que habíamos hablado, donde participaban todos los socios del conglomerado…”; un verdadero “concierto para delinquir”, según el fallo del tribunal, que argumenta nulidad por ilicitud; concierto al que se sumarían las Superintendencias, la Defensa Judicial de la Nación y hasta el procurador, todos “alineados”.
Quinto: Robledo optó por la cancelación anticipada, pues la caducidad, con multas e inhabilidades, no se ajustaba a la directriz “amigable” del presidente.
Sexto: Dentro de la liquidación, la ANI ya había hecho pagos a los bancos por $1,4 billones. Luego la ministra no estaba haciendo nada nuevo ni ilegal, sino ajustado a la Ley 1882/18 y la sentencia de la Corte sobre su exequibilidad, que reafirmó los derechos de los terceros que, como en toda liquidación, registran sus acreencias.
Todo es un escándalo para darle palo a la ministra porque hizo, como palo le habrían dado si hubiera dejado de hacer para buscar rebaja y el laudo hubiera sido adverso. Es la posición acomodaticia de quienes callaron frente a las maquinaciones de Santos para limpiar la corrupción ligada a la financiación de sus campañas; la ética selectiva de quienes no han dicho “ni mu” frente a las escandalosas conversaciones entre Santos y Andrade, ni ante la “ingeniosa” triangulación de Cemex a través de los partidos de la mermelada.
Volvamos a la buena fe. Las consignas de no pagarles a los bancos son populistas.
Hay que hacerlo si la plata está metida en la obra, como ya se hizo en el pasado; no hay que hacerlo si un juez determina que unos bancos actuaron de mala fe; pero ni la ANI ni la ministra Orozco son ese juez.
