No puede ser más paradójico, mientras Colombia está en el radar de la transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (Fncer), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que compromete 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compraventa de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.
En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.
Destaca en su informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada solo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014 que estimula e incentiva las Fncer primero, a las subastas para asignar los proyectos y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.
En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados abiertos a inversores privados”.
En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en Fncer alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021.
No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que yo no he dudado en calificar como el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la estación colectora en el municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.
De la misma manera que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la transición energética justa que pregona el Gobierno se va a quedar en solo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024. A ello no deben ser ajenos ni el gobernador de La Guajira, José Jaime Vega, ni el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. ¡Para luego es tarde!
