Son modelo de ciudadanos y constructores de la democrática. Seres dedicados a la defensa y realización de los derechos humanos de todos, con el único interés de contribuir a la implantación de una patria en paz, en la que se supere la extrema desigualdad, la pobreza y la injusticia.
En esta sociedad de raíces cristianas enseñan que el discurso cristiano está cimentado en el amor y no en el odio. Son portavoces de esto. ¿Por qué se les asesina?
El crimen carece de justificación. El asesinato de los líderes sociales, en forma categórica, no tiene ningún tipo de comprensión y, por el contrario, merece el rechazo unánime de toda la sociedad, porque comprender de alguna manera es ponerse de acuerdo en algo, y sus muertes no pueden ser aceptadas por la comunidad política.
Este es otro aspecto digno de reconocerse, los líderes sociales nos pertenecen a todos, somos parte de ellos. Son ciudadanos ilustres que, en la vida pública, se entregan con sacrificio a la lucha por la promoción y garantía de los derechos humanos de todos y, en forma simultánea, ayudan a la construcción de una fuerte democracia. Sin la menor duda, son dirigentes políticos de una sociedad que reclama la consolidación de una democracia fundada en los derechos humanos y el pluralismo.
Por tanto, sus asesinatos son un ataque sistemático a la construcción de una democracia fuerte, que tiene en ellos y ellas a sus dirigentes políticos que trabajan desde abajo y al lado de las comunidades a lo largo y ancho del país. Luchan para que se dé el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tal y como lo enseña, el gran Abraham Lincoln.
La defensa a la democracia fuerte y la lucha por su establecimiento demandan que la protección de la vida de los líderes sociales sea eficaz. Los crímenes cometidos reclaman castigo ejemplar a los responsables y es inadmisible la impunidad, y aún más inadmisible es que el proyecto de exterminio siga imperando. Se hace necesario un pacto para resguardar sus vidas.
Este pacto de todas las fuerzas políticas, sociales y religiosas por la defensa y profundización de la democracia colombiana es la ruta. Son buenas y bienvenidas las movilizaciones y las manifestaciones de rechazo a estos delitos. No obstante, son insuficientes.
No debemos cerrar los ojos frente a la realidad política de que los crímenes en contra de los líderes fundan sus raíces en la débil democracia que tenemos. Esta institucionalidad frágil, lo permite.
En rigor, la defensa de sus vidas tiene que ser tratada como un problema de la política y no reducirla a la política criminal del Estado de Derecho, orientada desde la perspectiva exclusiva del castigo, sino a la erradicación de las condiciones que auspician estos asesinatos. La experiencia indica que los responsables –fenómeno nada nuevo–están motivados por intereses egoístas.
Por tal motivo, la alternativa para la defensa de la vida de los líderes sociales pasa por la construcción de un pacto político para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Un pacto pluralista e incluyente. En el año del Bicentenario de la Independencia, el proyecto de un país democrático no ha podido ser realizado y no lo será mientras no se garantice su vida, su seguridad. Ellos y ellas son defensores de los derechos humanos y del proyecto de una nación.
