La participación de las comunidades indígenas dentro de las protestas que empezaron el 28 de abril ha sido notable, la reconocida Minga ha tomado un papel protagónico en Cali y en distintos lugares del sur occidente del país. La mayoría de las manifestaciones de dichos pueblos étnicos se han desarrollado de manera pacífica, sin embargo, el pasado 9 de mayo se vivió una fuerte tensión entre habitantes de Cali y mingueros a causa de distintos bloqueos que se presentaban en la ciudad, una batalla campal en la que vimos vehículos incinerados, disparos de arma de fuego entre otras conductas que generaron momentos de zozobra en la ciudad vallecaucana y dejaron un saldo de 8 indígenas heridos.
El cubrimiento de la noticia por algunos medios acompañado de la utilización de un lenguaje discriminatorio y polarizante, alimentó un debate de opiniones divididas, que ha develado la profunda falta de conocimiento acerca de nuestras comunidades indígenas, sus derechos y límites.
La multiculturalidad de Colombia no es un adjetivo que se establece para adornar la reputación de nuestro país, por el contrario es la palabra que describe un Estado en el cual conviven más de 80 etnias indígenas diferentes diseminadas a lo largo y ancho de nuestro territorio, las cuales de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional gozan de derechos y deberes, de la posibilidad de autorregularse a través de sistema normativos propios, cuentan con una jurisdicción especial, y adicionalmente sus usos y costumbres deben ser respetados.
No siendo suficiente lo ocurrido en Cali, el pasado fin de semana, se hicieron virales dos polémicos mensajes, el primero transmitido a través de WhatsApp por una médico que refería estar en la disposición de acudir a las autodefensas para ‘acabar con unos mil indios’, y el segundo se conoció a través de la red social Twitter donde Jaime Restrepo reconocido por su cuenta “_El_Patriota” tildó a la minga que se desplazaba a Medellín como “narco minga” e incitaba a recibirlos de la misma forma como se hizo en Cali.
Resulta cuestionable que existan este tipo manifestaciones de odio y estigmatización a nuestros pueblos indígenas, que lo único que deben provocar en los colombianos es repudio e indignación. La Minga como las distintas protestas de las comunidades indígenas de nuestro país que salen de sus resguardos a levantar la voz ante un cúmulo de necesidades básicas insatisfechas, deben ser una alarma adicional para este Gobierno, el cual debe revisar de manera urgente los compromisos adquiridos en el paro nacional de 2019, así como los compromisos de estado de carácter agrario contenidos en el acuerdo de paz con las Farc-EP y empezar a cumplirle a estos grupos poblacionales que construyen nuestra autenticidad cultural, cosmovisión y trabajo de la tierra.
Como nación debemos abandonar discursos simbólicos de autonomía indígena, los cuales contribuyen al fortalecimiento de focos de poder evidenciando una clara imposición por parte de un sistema que restringe las libertades concedidas constitucionalmente, y se convierte en una talanquera les impide a los indígenas poner en pleno funcionamiento sus derechos. Las comunidades étnicas deben también manejar con equilibrio sus derechos y deberes, sin generar afectaciones a los derechos fundamentales de sus comunidades vecinas.
