Desde agosto pasado la Universidad Nacional de Colombia viene adelantando el proceso de formulación, legitimación y aprobación de su Plan Globald de Desarrollo (PGD) 2025-2027, después de todos los sucesos acontecidos entre mayo y julio de los corrientes relacionados con la designación del rector. Su sistema de planeación se está homologado con el que rige para el nivel nacional y territorial contenido en la Ley 152 de 1994.
Uno de los problemas de los PGD de la Universidad Nacional es que para su legitimación por claustros y colegiatura, -equivalente a los Consejos de Planeación Departamental, Distrital, municipal y nacional,- es una desarticulación de la parte general o estratégica y el correspondiente plan plurianual de inversiones, comprometiendo la viabilidad y sostenibilidad financiera de ese instrumento de planeación institucional y la concreción de la propuesta del rector investido como primera autoridad del Alma Máter del sistema universitario colombiano.
Uno de los puntos más críticos de los planes de inversión de la educación superior del país es el crónico déficit fiscal y presupuestario relacionados con unas fuentes de financiación inciertas siempre sobreestimadas y unos gastos desbordados.
Nosotros hemos venido planteando desde 2018 la posibilidad que las universidades tengan acceso al Sistema General de Participaciones – SGP así sea en forma indirecta, porque esta fuente de financiación es exclusiva para Departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas en atención al principio de autonomía que comparten las Instituciones de Educación Superior (IES) y las entidades territoriales.
Fue así como desde el paro del segundo trimestre de este año en la Universidad Nacional, comenzamos a insistir y a tratar de convencer a senadores(as) y representantes en la posibilidad de abrir un espacio para que la educación universitaria pudiera ser sujeto de derecho a ser financiada con recursos del SGP aprovechando la oportunidad del Proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, Distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política que se estaba discutiendo en el Congreso de la República”.
El 29 de octubre pasado, la plenaria del Senado de la República aprobó a partir de la ponencia presentada por el senador Ariel Ávila, egresado de la Maestría en Sociología UN, en sexto debate (segunda vuelta), los principales aspectos que tienen relación con la posibilidad que la Universidad Nacional y las 32 IES públicas en forma indirecta pueda recibir Participaciones a través de las entidades territoriales en concurrencia con el Gobierno nacional.
Se recupera el principio que promovió el sociólogo constituyente y profesor de la Universidad Nacional, Orlando Fals Borda en el marco del nuevo modelo de ordenamiento territorial para Colombia: “No se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.
Afirma el “Parágrafo 1. Sobre las competencias a cargo de las entidades beneficiarias que se relacionen con los derechos y servicios de educación preescolar y superior, las entidades beneficiarias deberán destinar recursos para financiar como mínimo dos años de escolaridad de la educación preescolar y como mínimo dos años del ciclo educativo de la educación superior. Esto último, en concurrencia con el Gobierno nacional”.
Como se puede apreciar por el contenido del Acto Legislativo, se crea una nueva fuente de financiación para el Plan de Inversiones del PGD UN 2025-2027 que demanda hacerle seguimiento por la dirección y estamentos de la Universidad Nacional, tanto al Gobierno nacional como al Senado y Cámara de Representantes, para la formulación y aprobación del proyecto de ley que establecerá la distribución de competencias y asignación de recursos en lo referente a la educación superior en donde la Universidad Nacional tiene especial interés de acceder al Sistema General de Participaciones.
Es necesario reiterar que el acompañamiento de manera permanente por parte de la Universidad Nacional y las demás IES, se debe concentrar en la redacción de la norma que operacionalizará las competencias y recurso de la educación universitaria, que es de iniciativa del Gobierno nacional, el cual tiene seis meses para estructurarlo y presentarlo el próximo 20 de julio al Congreso de la República. Consideramos que, para esta tarea, se debe convocar, entre otros y otras, el actual ministro de Hacienda y Crédito Público, profesor de la UN Ricardo Bonilla y a la senadora Imelda Daza Cotes, egresada de nuestra Alma Máter, comprometida por partida doble con el cambio de Colombia a través de una educación superior de calidad y financieramente sostenible.
