En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas natural en el país han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 Mmpcd hasta los 900 Mmpcd. Según la Gestora del Mercado de gas natural, se prevé que el potencial de producción caerá
en 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 Mmpcd)
y para el 2026 de un 30% (350 Mmpcd). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.
En ello coincide el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa: “va a haber unos faltantes el año entrante que van a estar cercanos a los 160 de gigas de BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta a 500, si no incorporamos reservas”. No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un
riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.
Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación, de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. Más claro sólo el agua! Bien dijo la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.
Según había asegurado el ministro Camacho “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde
otros países…No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas…No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”. Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.
Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el día 1 de diciembre de este
año Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial. En efecto, a través de un comunicado público, la mayor distribuidora de gas importado TLP GAS informó que a
través de la regasificadora Spec, recibe 40 Mmpcd desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras.
Los hechos son tozudos. Entre tanto el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con ‘excedentes’ de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.
La razón está en la norma aludida, que es muy clara al respecto cuando establece que “los agentes que atiendan la demanda esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la atención de dicha demanda con agentes que cuenten con respaldo físico”. Que no es el caso de aquella producción de gas
proveniente de campos que aún están en prueba extensa. En últimas la que cuenta es la oferta en firme, que no sea susceptible de interrupción en sus entregas por parte del proveedor.
El ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa en que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él este es un
axioma que como tal no necesita demostración.
Al parecer el ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EE.UU. Harry Truman: “cuando no puedes convencerlos, confúndelos”. Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en el mes de noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la Creg expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para
comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más alto. Aunque ella advierte que ‘el gas barato’, al que hemos estado acostumbrados, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.
Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja la cifra oficial, se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en el 2025 y en 2026 el mismo
llegaría a un 20,6%. Sin fundamento alguno el ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él, dicha importación sólo busca ‘cubrirse en caso de ser necesario’, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.
En estas circunstancias en las que estamos, se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía. De ese trance del que todavía no termina de reponerse le quedó una lección aprendida, de la cual debemos tomar atenta nota: la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. ¡Ello es lo que está en juego!
