El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de 76 personas señaladas de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), actualmente recluidas en establecimientos penitenciarios de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. La medida se adopta en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Santa Marta y otros sectores de la región Caribe.
Según explicó el mandatario, los detenidos serán trasladados a pabellones de máxima seguridad en cárceles ubicadas en otras regiones del país. La decisión busca evitar, de acuerdo con el Gobierno, que personas privadas de la libertad mantengan comunicación y capacidad de coordinación con integrantes de la organización que permanecen en las calles.
La medida fue anunciada después de la operación desarrollada en zona rural de Guachaca, Santa Marta, contra José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por el Gobierno como segundo cabecilla y financiero de las ACSN. El operativo dejó siete integrantes de la estructura muertos y tres capturados, según el balance entregado por el presidente.
Tras esta acción se registraron amenazas contra comerciantes y transportadores, quema de vehículos y restricciones a la movilidad. Además, las ACSN anunciaron un paro armado en la región, situación que llevó al Gobierno a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta, incluyendo despliegues del Ejército en sectores estratégicos de la ciudad y sus corregimientos.
La situación de seguridad también generó medidas adicionales en La Guajira. En las últimas horas fue reportado un ataque contra la línea férrea de Cerrejón, en jurisdicción de Uribia, aunque hasta el momento las autoridades no han atribuido públicamente este hecho a una organización específica.
Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el Batallón Córdova, De la Espriella aseguró que continuará el despliegue contra las estructuras criminales y anunció un aumento del pie de fuerza en Santa Marta y Ciénaga. El Gobierno también informó que nueve personas fueron capturadas y están siendo judicializadas por su presunta participación en los hechos violentos recientes.
Con el traslado de los detenidos y el refuerzo de las operaciones en los territorios afectados, el Gobierno busca reducir la capacidad de las ACSN para coordinar acciones delictivas desde los centros penitenciarios y avanzar en la identificación y captura de sus principales integrantes.
