Como es bien sabido estamos en presencia de una ola inflacionaria global y un frenazo de la reactivación que pueden conducir a la temida estanflación.
Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y es así como la inflación galopante ha elevado el índice de precios al consumidor (IPC) en los primeros cinco meses hasta el 9.07%, el triple de la meta que se había fijado el Banco de la República para este año del 3%, en un rango entre 2% y 4%. En un esfuerzo desesperado por contenerla ha elevado la tasa de interés de intervención desde 3% en diciembre pasado hasta el 6%, duplicándola.
Esta inflación, según el Dane, ha golpeado con más severidad a los hogares pobres y vulnerables con un aumento del IPC de 10.68% y 10.47%, respectivamente. Ello obedece a que el alza en los precios de los alimentos, que son los que absorben la mayor proporción de su ingreso, alcanzó el 21% en mayo. Después de los precios de los alimentos se destaca la escalada alcista de las tarifas de los servicios públicos, particularmente la de energía que se situó en el 17.3%. Para un mejor entendimiento de la causalidad y los efectos de estas alzas de la energía, veamos cuáles son las variables de la ecuación que determinan la tarifa o costo unitario (CU): G + T + D + C + P + R.
Al analizar los factores que incidieron en esta alza desmesurada de la tarifa de la energía hemos podido establecer que el principal de ellos es el aumento del Índice de precios al productor (IPP), al cual están atados los cargos de generación (G), de transmisión (T) y distribución (D), que alcanzó en mayo el 34.32%. También se ve impactada por el incremento del cargo por restricción en la fórmula tarifaria. Dicho aumento se atribuye en gran medida al cambio de metodología en su cálculo y estimación por parte del DANE.
El cargo por comercialización (C), que representa entre el 15% y el 20%, en cambio, no se ve afectado por el IPP sino por el IPC, que también ha subido sensiblemente. Desde luego, también incide en este inusitado incremento de los precios y las tarifas de energía el cargo por restricciones (R), ya que este guarda una correlación inversa con el precio en bolsa de la energía y este ha bajado ostensiblemente, hasta los $100 el KWH a consecuencia del alto nivel de los embalses, que superan el 80%. Por ello este cargo ha subido también, fluctuando alrededor de los $25 – $30 el KWH.
Pero, indudablemente, en donde más se ha sentido esta alza desproporcionada de las tarifas de energía es en la región Caribe, en donde sus dos mercados, Caribe Mar y Caribe Sol, son servidos por los operadores Afinia y Air-e, en el primero con un incremento en los primeros cinco meses de este año del 33.52% y 44.55%, respectivamente, muy superior al promedio en el interior del país que está en un rango entre el 20% y el 25%. A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas (P), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Ello es injusto para con los usuarios, que vienen de padecer la pesadilla del pésimo servicio que prestó Electricaribe. El impacto de las alzas no ha sido mayor, gracias a que ambas empresas vienen aplicando la “opción tarifaria” en la Resolución 012 de 2020 de la Creg que permite diferir en el tiempo los reajustes en las tarifas.
Alarmados los alcaldes de las ciudades capitales de los 7 departamentos del Caribe atendidos por Afinia y Air-e se dieron cita en Barranquilla para explorar alternativas de solución a esta problemática. Al final de sus deliberaciones le hicieron un llamado al nuevo Congreso de la República, recién electo y al próximo Presidente de la República para que se cree un Fondo regional de Estabilización de las tarifas de energía “con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía”. También se planteó “buscar recursos del presupuesto nacional por el orden de los $8 billones, que podrían pagarse en 10 años y así evitar que el aumento sea cobrado al usuario vía tarifa”.
Se trataría de que la Nación sea la que financie las inversiones a las que están obligados los operadores, para que las mismas no se trasladen a los usuarios vía tarifas. Ambas propuestas tropezarán, muy seguramente, con su inviabilidad fiscal, dadas las maltrechas finanzas que heredará quien asuma la Presidencia de la República a partir del 7 de agosto.
En el mediano y largo plazo se espera que la inflación ceda y con ella bajen tanto el IPC como el IPP, lo cual significaría un alivio para los usuarios. Como es bien sabido la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. De allí que el fin último de la Transición energética en curso es garantizar la seguridad energética. Desde luego, es de esperar que la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz energética a la que dará lugar, además de contribuir a robustecerla, diversificarla aún más y hacerla más resiliente frente al cambio climático, repercuta en una baja de los precios y las tarifas de la energía y ello se refleje en la factura mensual que reciben los usuarios de este servicio caracterizado por la Ley 143 de 1994 como esencial.
Obviamente que, para que ello sea posible, es menester revisar y ajustar las normas regulatorias, de tal manera que estas den señales apropiadas que combinen el incentivo del uso racional, así como la eficiencia energética en toda la cadena.En ello habrá de jugar un rol de la mayor importancia el consumidor, que en adelante esta llamado a ser mucho más proactivo de lo que es hoy en procura de suavizar y en lo posible aplanar su curva de consumo de energía.
