Por Rodrigo Daza Cárdenas
En un programa de opinión donde participó un exguerrillero del M-19, que fue su asesor en la Asamblea Constituyente del 91, después congresista por el mismo movimiento, y hoy es senador por el Centro Democrático, le escuché manifestaciones como esta: “Nosotros fuimos indultados por la Constitución de 1886 y así lo admitió el Estado”. En estos momentos de la vida política del país, esta expresión tiene muchas connotaciones jurídicas y políticas.
Entendí, por su posición exteriorizada, que ahora se opone a que los exmilitantes de las Farc reciban algunos beneficios de los pactados en La Habana.
Argumentó “que en esa época de su re-inserción, la Constitución permitió el indulto sin ningún juzgamiento de todos los delitos de lesa humanidad que ellos cometieron como guerrilla (delitos atroces, acciones graves contra los derechos humanos…etc.), y que al desmovilizarse solo entregaron las armas y se acogieron a la no repetición”. Y es bien sabido por la opinión nacional que aún no han contado la verdad y no hicieron entrega de bienes. Es más, salieron a los pocos días a aspirar a la Constituyente donde les fue muy bien y luego fueron congresistas donde les fue mejor desde todo punto de vista, político y burocrático.
En el año de 1989, cuando el M-19 inició conversaciones para su desmovilización, las Farc y el ELN los criticaron, los cuestionaron; es más, calificaron ese paso como una rendición.
El M-19 se desmovilizó en 1990 y luego de suscribir el acuerdo con el Gobierno, el Estado les concede indulto a sus más de 7.000 miembros, incluso, después de excluirles delitos atroces y hasta comunes.
Desde el 2014, hasta hoy, se ha estado haciendo el esfuerzo de terminar el conflicto con las Farc. Cuando se ha pactado un acuerdo para el final de la guerra, considerado por muchos imperfecto pero requerido por la mayoría de los colombianos para acabar con la violencia, el asunto, paradójicamente, es al revés: ese exguerrillero del M-19 indultado y senador de la República por el Centro Democrático, se opone a que se estructure una Justicia Transicional para que los exmilitantes de las Farc sean siquiera juzgados; se opone él y su nuevo partido a la justicia restaurativa; se opone a que se cumpla con los preceptos de la Corte Constitucional en materia de habilitación y aspiración al Congreso, y da por mal hecho que siquiera hayan anunciado aspiración a la Presidencia. Él no fue ni juzgado ni condenado: fue indultado y elegido al Congreso sin tropiezos.
Decía ‘Rafa’ Ovalle en Villanueva: “verdad que ningún cura se acuerda cuando fue sacristán” y esto lo decía cuando observaba que gente que tenía limitaciones, cuando las superaban y otro con limitaciones se les acercaba, lo ‘vaciaban’ o lo cuestionaban por sus limitaciones. Hoy rememoro esta expresión de ‘Rafa’ y la relaciono con la posición del actual senador de la República por el Centro Democrático. Es posible que hoy en la vida civil o en la vida de burócrata, el Sr. senador haya entendido que la legalidad es y sigue siendo el camino y repudia todo lo que no se hace estrictamente acorde a las leyes o a su espíritu, y eso está bien; eso fue lo que debió tener en la cabeza antes de meterse a guerrillero. No sé si su decisión de ser guerrillero fue producto de resentimiento por carencias sociales o fue por ideología inyectada en los círculos universitarios de los años 70.
Lo cierto es que el hoy senador en mención fue ilegal; actuó contra el Estado de Derecho y posteriormente, cuando se desmoviliza es beneficiado con perdón y hoy ‘goza de las mieles del triunfo’, por lo tanto, creo que no está reflexionando con sinceridad ante la actual situación de la exguerrilla si su ingreso a las filas insurgentes fue, como también dicen los de las Farc, para combatir la injusticia, la desigualdad social y la mala práctica política. Entonces presumo que si su alistamiento a las filas subversivas hubiese sido por estos conceptos puramente, hoy no estuviera tan encarnizado en contra de la aplicación de lo pactado con las Farc.
Es cierto, los colombianos queremos que haya fin de la guerra sin concesiones de lo fundamental del Estado de Derecho o que sobrepasen nuestra Constitución y nuestro actual Ordenamiento Jurídico, pero sí se están planteando posibilidades de verdad, justicia, reparación y no repetición; sí se está proponiendo una Justicia Transicional avalada por la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, y también recabar la verdad, no es justo que se embolate la oportunidad de cambiar las balas por votos.
Moraleja: con todas estas posturas, comprensibles e incomprensibles, sobre el proceso de paz, lo cierto es que esta se logrará solo cuando la voluntad política esté por encima de los intereses individuales y de grupillos.
Si siguen siendo más importante que la convivencia sin conflicto armado los resultados electorales para hacerse al poder político y al Gobierno, Colombia siempre estará en guerra y del tipo que sea. ¡Desarmar los espíritus es conciliar el cerebro con el corazón para tener en paz el alma!
