En los 2.219 kilómetros de extensión que componen la frontera entre Colombia y Venezuela, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares– ha podido reconocer con exactitud cinco cruces ilegales en Norte de Santander, 14 en la subregión del Catatumbo y cuatro en Maicao, La Guajira.
En estos pasos ilegales se han presentado los fenómenos de tráfico y trata de personas desde el cierre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en el 2015. Sin embargo, estos fenómenos se han hecho más visibles y se han fortalecido desde la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y el cierre unilateral de la frontera desde Venezuela.
Delitos brutales
El tráfico y la trata de personas son delitos que suelen estar correlacionados, y en el caso de las trochas es posible que ambas actividades ilegales tengan lugar allí. A nivel penal y conceptual, se trata de hechos diferentes. El tráfico consiste, principalmente, en el paso irregular de una o varias personas por el territorio de su país de origen y/o hacia el exterior de este. En el caso de la frontera colombo-venezolana, el contacto con la persona traficante se da de manera voluntaria y la relación con esta termina con el pago y el cruce del paso irregular.
Por otro lado, la trata de personas consiste en la explotación o el aprovecha- miento ilícito de un tercero. En este caso, el beneficio se encuentra relacionado con una o varias condiciones de vulnerabilidad de la persona afectada y, por ende, existe una posición de poder por parte de quien comete este delito. En este sentido, la principal distinción entre el tráfico y la trata de personas es que para el primer delito se puede dar un consentimiento, pero esto nunca ocurre cuando se presenta el segundo delito.
Aunque la trata de personas es, sobre todo, conocida por el fin de la explotación sexual, este delito tiene diferentes modalidades que no son excluyentes entre sí y, por lo tanto, pueden presentarse simultáneamente. Es el caso, por ejemplo, de la explotación laboral, el establecimiento de relaciones filiales, la comisión de delitos, el reclutamiento por temas de conflicto armado, la explotación sexual y la comercialización de órganos y tejidos.
De esta manera, el delito de la trata es mucho más complejo si se tiene en cuenta que se traduce en la captación, transporte y/o traslado de personas y el mantenimiento de las condiciones y modalidades de explotación. En el contexto de la frontera colombo-venezolana, las redes de trata no siempre se dedican al tráfico, pero pueden tener relaciones con los grupos al margen de la ley que cometen este delito. De allí se desprende que son delitos que suelen estar correlacionados.
La explotación sexual es una de las manifestaciones predominantes y más visibles de la trata. En la región fronteriza, recientemente, Pares ha identificado que esta actividad tiene lugar a través de la pornografía y actividades relacionadas al modelaje webcam. Otra de las modalidades de trata, según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, es el matrimonio servil: el sometimiento laboral y/o sexual de mujeres jóvenes que son obligadas a contraer matrimonio y cumplir con todos los roles y expectativas tradicionalmente asignados al cuidado y la satisfacción sexual masculina.
Anteriormente, Colombia era conocida por ser un país de trata interna en las modalidades de explotación sexual, trabajo forzado y matrimonio servil, pero tras la explosión de cruces ilegales y grupos armados en las trochas, el país se ha convertido en receptor de trata externa. Esto es evidente tras las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Los perpetradores
Entre las organizaciones que tienen en sus repertorios de violencia la trata de personas se encuentran ‘Los Rastrojos’ y el ‘Tren de Aragua’. De acuerdo a investigaciones previas realizadas por Pares, los corredores de estas organizaciones son, para el caso de ‘Los Rastrojos’, la trocha Boca De Grita, en Puerto Santander, y La Marina, en Villa del Rosario; mientras que el ‘Tren de Aragua’ tiene control en la trocha Los Mangos y Sector Cortina Rojo, en Villa del Rosario.
Las investigaciones adelantadas por Pares, con el apoyo de NED, en la frontera colombo-venezolana de Norte de Santander y La Guajira, con los respectivos estados venezolanos de Táchira y Zulia, permitieron develar que se mantiene una migración con un carácter de permanencia hacia Colombia, y una migración pendular en la consecución de víveres y medicamentos para comercializar en Venezuela.
Debido a la porosidad y el carácter lucrativo de las trochas, las redes de trata han establecido sus mecanismos de captación, cooptación y dominio en ambas formas de migración.
Según la información obtenida mediante entrevistas y grupos focales, las migrantes vulnerables pueden ser cooptadas desde Venezuela con falsas ofertas laborales en Colombia o por fuera de este país, e incluso en el mismo municipio receptor. Así mismo, pueden ser captadas a través del proceso de paso por las trochas. Es relevante mencionar que el proceso de captación puede presentarse con o sin mecanismos de coacción físicos, pero casi siempre involucran mecanismos de manipulación psicológica.
En este municipio, Pares ha podido identificar que las redes de trata captan a las víctimas desde el interior de Venezuela y las pasan a través de las trochas, les confiscan sus documentos y las ubican en casas de Puerto Santander o Cúcuta, en donde permanecen custodiadas y sin comunicación.
De igual forma, en un reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones –OIM– identifica otras rutas a través de las cuales han sido conducidas las víctimas: por ejemplo, desde ciudades y/o municipios fronterizos hacia ciudades del Caribe como Santa Marta, Cartagena o Panamá. Algunas de ellas también son transportadas hasta Bogotá para establecerlas en hogares.
¿Y las instituciones?
El Gobierno nacional ha dispuesto de mecanismos legales e institucionales como el Comité Interinsti- tucional para la Lucha con- tra la Trata de Personas, establecida bajo la Ley 985 de 2005, y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. No obstante, estos mecanismos han resultado insuficientes al diagnosticar, judicializar y prevenir la trata de personas en municipios receptores y emisores de trata externa.
Por este motivo, Pares establece que es importante que las acciones para responder de forma integral a la problemática de la trata de personas estén orientadas a:
Generar acciones en conjunto con otras entidades regionales y de cooperación institucional que cuentan con la capacidad investigativa de recolectar información y brindar un análisis que nutra el debate.
Crear estrategias educativas desde la institucionalidad, en alianza con las organizaciones civiles, para la formación de servidores públicos y funcionarios de atención primaria a mujeres víctimas de trata.
Desarrollar campañas y procesos de formación con organizaciones de mujeres en territorios. Esto con el propósito de generar mecanismos alternativos de recepción y acompañamiento en los procesos de denuncia.
Articular la lucha contra la trata con organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta que son estas mujeres las que mayores conocimientos tienen sobre las dinámicas, relaciones y procesos que se dan alrededor de los grupos criminales transnacionales que se dedican a estas actividades ilegales.
