En nuestra Guajira se siguen realizando, algunas veces con justificaciones poco claras e insuficientes, los actos de bloqueos de vías por parte de algunas comunidades.
Una demostración de ello son los múltiples taponamientos ilegales de vías ocurridos la semana pasada, por supuestos incumplimientos de compromisos, que paralizaron las operaciones de Cerrejón, ocasionando enormes pérdidas económicas para esta importante empresa, sus contratistas y todos los empleados. Generando, adicionalmente, perjuicios a la mayoría de los habitantes y visitantes de este territorio al interrumpir el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.
Ante los comentarios y dudas surgidas durante el desarrollo de la protesta, con respecto a las verdaderas causas de la misma, se emitió un valeroso y oportuno comunicado por parte de la mesa de líderes de comunidades reasentadas, para aclarar a la opinión pública que ellos no estaban participando en esos bloqueos, como se afirmaba por algunos medios de comunicación, pues la empresa Cerrejón estaba cumpliendo con los acuerdos firmados con esas comunidades, a los que además se les hace seguimiento por parte del Ministerio del Interior, con la activa participación de los lideres de esas comunidades.
Estos hechos evidencian una clara violación del derecho a la libre movilidad colectiva, que tiene las características de fundamental, que sigue siendo afectado con irresponsable e inusitada frecuencia, ocasionado pérdidas y perjuicios por los que nadie responde.
En reciente columna mencioné que las acciones proactivas serán las más convenientes para todos, e indiqué que prevenir los problemas sociales y anticipar las soluciones es la actitud ideal que debe primar en la interacción de los gobernantes territoriales y nacionales con las comunidades. Sin embargo, por antecedentes culturales, ese enfoque parece tener sus dificultades para su exitosa implementación. Por ello es necesario hacer uso de otros mecanismos de diálogo complementarios ya existentes, pero que desafortunadamente se usan muy poco, tal como ocurre con la mesa de diálogo del sur de La Guajira, institucionalizada por el Ministerio del Interior mediante la resolución 0595 de abril 19 de 2022.
Esa resolución fue expedida con base en consideraciones legales y constitucionales que buscan garantizar el orden político, económico y social justo, en forma participativa, y asegurar la convivencia pacífica. Su origen fue una respuesta positiva a una solicitud que hicieron las comunidades del sur de La Guajira al gobierno nacional de habilitar un espacio de diálogo que le permita dar a conocer sus necesidades y preocupaciones, se identificaran y se definieran planes para implementar las soluciones concertadas. Este es un espacio de diálogo valioso que permite garantizar el relacionamiento y el diálogo constante entre las comunidades y el gobierno nacional, departamental y municipal.
Su conformación garantiza la participación con poder decisorio, al incorporar al viceministro de la participación y la igualdad de derechos; al ministro, director o jefe de la entidad que corresponda según el tema a tratar; al gobernador del departamento o su delegado con poder de decisión; los alcaldes de los municipios que corresponda, o sus delegados, según el tema a tratar; y cinco delegados de las comunidades del sur de La Guajira. Estos delegados han demostrado ser líderes muy comprometidos y dinámicos, que desempeñan un rol activo y han contribuido de manera efectiva a encontrar soluciones a los problemas que se han presentado.
Como delegados designados de la mesa, realizan su gestión trabajando en equipo con otros líderes de sus respectivas comunidades, haciendo aún más representativo su rol. Como un reconocimiento a su labor deseo destacar sus nombres: Nélsida Martínez, representantes de la mujer de Barranquera; Ariel López Morón, de Urumita; Jaime Alonso, de Fonseca; Ernesto Molina, de San Juan del Cesar, y Yasid Pushaina del municipio de Distracción.
Ojalá se use más este mecanismo de diálogo en el futuro en nuestro departamento; así se evitarán hechos que transgredan las normas del código penal y se garantizará la sana convivencia en forma participativa.
