En el Programa de Gobierno del presidente Petro se planteó el ‘desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón’.
Y fue enfático al afirmar que “en nuestro Gobierno se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.
Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el ‘desescalamiento’ del denostado modelo ‘extractivista’ e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo.
En efecto, el 4 de febrero de 2021 Prodeco, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional Glencor le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). Esta decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del ‘extractivismo a una economía productiva’.
Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la pérdida de cuantiosos ingresos para la nación, para el departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas.
El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una ‘economía productiva’ es el publicitado piloto distrito minero especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.
Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.
Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2.45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos del Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones.
El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta ‘distritos mineros’ a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de Ecominerales, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.
Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a Drumond, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad extractiva en el departamento del Cesar y la portuaria en el departamento del Magdalena, el presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado ‘lleva el veneno’ no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. ¡Qué tal esto!
La hostilidad hacia la actividad extractiva, se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al departamento de Antioquia, que se revirtió.
Según la norma cuestionada, al declarar un área como ‘reservas temporales’ y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector. La política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo.
