A pesar de regular un derecho fundamental de los colombianos, como lo es el de la salud, el Congreso tramitará como ley ordinaria el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro, quien simultáneamente convocó a sus seguidores a realizar manifestaciones y marchas para apoyarla.
Sin embargo, el evento que realizó en la Plaza de Armas para socializar la reforma desde el balcón de la Casa de Nariño, y las marchas realizadas en algunas ciudades, no reflejaron el apoyo masivo que pretendía con su eslogan de construir el cambio en las calles.
El texto oficial de la reforma, que solo se conoció pocas horas antes de su radicación, ha generado mucha preocupación sobre al futuro de uno de los temas más valorados por los colombianos. El gobierno había anunciado en reunión con sus representantes que las EPS no desaparecerían; sin embargo, en el texto final de la reforma se contempla dejarlas sin las funciones que hoy realizan. Se dijeron medias verdades, o medias mentiras. Esta confusa situación llevó al presidente del Congreso a afirmar que “la ministra había desautorizado al presidente”.
Es evidente que la reforma a la salud propuesta sigue deteriorando el ambiente político del país. Existen hechos y señales que nos indican que esa reforma podría no ser aprobada, o por lo menos no lo será con el texto presentado. Al interior de la coalición de gobierno existen fuertes cuestionamientos, en especial de algunos ministros y congresistas. Algunos directores de los partidos políticos tradicionales han realizado serios reparos a una propuesta que estigmatiza la iniciativa privada y desconoce todo lo bueno que se ha construido con el sistema de salud actual, que cuenta con una cobertura superior al 98%.
Hay algunos aspectos positivos en la reforma propuesta, como el fortalecimiento de la atención primaria y la prevención, especialmente en las regiones periféricas, pero como lo resumió en una frase muy contundente el ministro Gaviria: “No es aceptable destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales”.
En recientes encuestas el 63% de los encuestados se mostraron en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que sus funciones sean ejecutadas por una entidad pública únicamente. El 67% de los encuestados dice que no estarían dispuestos a renunciar a su servicio actual de salud, prestado por una EPS, y trasladarse a un sistema público.
Ese nivel de aceptación de los colombianos y los avances construidos y consolidados durante los últimos 30 años con el actual sistema de salud-que por supuesto requiere algunas mejoras y controles anticorrupción- deben ser los principales direccionadores de los debates en el Congreso.
Hay que tener presente que queda pendiente resolver las dudas existentes sobre si esta reforma debe tramitarse como una ley Estatutaria, por intentar regular un derecho fundamental, o como una ley ordinaria, como hasta ahora lo ha decidido el Congreso por solicitud del gobierno nacional. La Corte Constitucional tendrá la última palabra al respecto.
