Por Alfredo Deluque
Senador de la República
Los precios del servicio de energía en la costa Caribe se volvieron impagables. Esta semana el precio de energía en la bolsa nacional superó la barrera de los $1.000 por kilovatio, lo cual comenzará a tener un efecto negativo en el costo de vida de todos los colombianos. Es imperativo que se concreten los nuevos proyectos que diversifiquen nuestra matriz energética.
Recordemos que muchos de los proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales, que complementarán la energía hidráulica, están en riesgo de no materializarse, especialmente en La Guajira, región con excepcional potencial por los recursos de viento y radiación para generar energía eólica y solar.
Por ley, las inversiones en actividades de generación y transmisión de energía se deben realizar por empresas privadas, por su cuenta y riesgo, por ello, la concreción de proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales dependerá de la inversión privada. Desde hace unos diez años, empresas extranjeras se han fijado en Colombia para desarrollarlos. Según información de ProColombia, entre 2018 y 2022 se reportaron compromisos de inversión por más de US$10 mil millones en este sector. Las empresas locales también empezaron a apostar en generación de energía renovable. Ecopetrol, por ejemplo, invirtió otros tantos en plantas de autogeneración con fuentes renovables no convencionales.
Sin embargo, como bien lo ha señalado el FMI en su informe sobre el artículo IV de Colombia, la inversión privada en el país en 2023 disminuyó de manera preocupante. Esto se evidencia en el sector de energía con los anuncios de suspensión de proyectos que hicieron Enel y EDF y de retiro del país de Engie.
Si bien continúan los grandes volúmenes de solicitudes de conexión ante la Upme, demostrando que sigue existiendo apetito para desarrollar proyectos de generación con recursos renovables, especialmente en La Guajira y el Cesar, los retos han opacado los triunfos. En un informe de avance de proyectos de generación de la Upme de septiembre de 2023, de los 20 proyectos en ejecución, 16 presentan retrasos, y 14 de los retrasados son de fuentes renovables no convencionales, 10 de los cuales están en La Guajira.
Los proyectos se han enfrentado a dificultades en la realización de consultas previas, en la obtención de autorizaciones y licencias ambientales y en el acceso a capacidad de transporte (o conexión a la red). Desde el Congreso se han hecho múltiples intentos para reglamentar la consulta previa sin éxito con el fin de brindar una seguridad jurídica a quienes deban surtirla, en especial a las comunidades que se encuentran en la zona de influencia de los proyectos, pero el Gobierno no lo ha priorizado, así como tampoco se ha puesto en la tarea de adoptar medidas que agilicen los trámites y elimine la excesiva burocracia existente.
Además, la Upme no ha tenido una respuesta oportuna y proporcional a los proyectos de generación con los correspondientes proyectos de transmisión que se van a requerir. Como si no fueran suficientes los retos, los proyectos de transmisión que son urgentes y que ya están por concretarse se retrasan por la excesiva burocracia y los trámites lentos en la obtención de licencias. Esto último le está pasando a la línea Colectora, que conectará a los proyectos en La Guajira con el sistema interconectado nacional, con los trámites de licenciamiento ante la Anla.
Se debe alertar que Colombia, aunque se muestre como un país comprometido y líder en la transición energética, al no tomar medidas para retener y promover la inversión y garantizar un ambiente propicio para el desarrollo y la entrada en operación de los proyectos que se han estructurado, está en peligro de perder la oportunidad de concretar esa transición y diversificar su matriz. Si no se reglamentan los procesos de consulta previa y concertación con comunidades, se flexibilizan y agilizan las autorizaciones y licenciamientos, se mejora la infraestructura de transporte para acceder a las zonas de gran potencial solar y eólico y se implementan los proyectos de infraestructura de transmisión de energía necesarios, se va a perder la oportunidad de tener a La Guajira como cluster de energía renovable, lo cual seguirá impactando negativamente el costo de energía en la costa Caribe y en el país. Tampoco podemos seguir con la inoperancia del regulador del sector, es urgente que se designen a los comisionados de la Creg para que se adopte la regulación que propicie el desarrollo del sector.
Es irónico que en el Gobierno del cambio, que abandera en escenarios internacionales la descarbonización de la economía y la protección del medio ambiente, hayamos caído 10 puestos en el Energy TransitionIndex del Foro Económico Mundial (de 2021 a 2023), y 4 puestos en el Climatescope de Bloomberg, el ranking de los países más atractivos para invertir en energías renovables. Si el Gobierno verdaderamente está comprometido con la transición energética, ¿por qué está permitiendo esto?
Facilitar los proyectos de generación de energía renovable redundará en empleos, desarrollo económico y generación de riqueza en las regiones donde se desarrollen, mayor oferta de energía eléctrica que atienda la creciente demanda y que posiblemente permita a las comercializadoras en la Costa Caribe comprar energía a unas tarifas fijas, contribuyendo así a la reducción de los altos precios actuales. Si realmente nos vamos a comprometer con la descarbonización, la diversificación de la matriz energética y el acceso justo y universal a la energía eléctrica, debemos priorizar la definición de soluciones a los retos a los que se está enfrentando la energía renovable en el país.
