La Contraloría General de la República e igualmente la Contraloría Departamental, a cargo del profesional del derecho José María Moscote Pana, tienen el ojo puesto para investigar el supuesto cartel de embargo, elefantes blancos y una serie de inconsistencias que comprometen gravemente a funcionarios y contratista de la salud, educación y otras entidades, conllevando responsabilidades administrativas, disciplinarias y judiciales.
Lo mismo que abogados, participantes en acciones y procesos, absorbiendo recursos económicos, en juzgados y jurisdicciones coactivas, que serían revisados e investigados detalladamente. De igual forma, observarán trámites tributarios, liquidaciones de embargos, conforme al procedimientos del debido proceso, cuentas inembargables afectadas y otros temas, materia de investigación fiscal y presupuestal que impliquen a responsables bancarios y entidades financieras que han hacho caso omiso al cumplimiento las disposiciones legales prohibitivas.
Los contralores se dedicarán a relacionar informaciones documentales, relativos pagos de cuentas, efectuados de manera directa y a través de embargo, presumiendo en algunas ocurrencias de doble pagos de algunas obligaciones canceladas, aprovechando el desorden e inestabilidad en los frecuentes cambios de mandatarios, durante los últimos dos periodos de gobierno.
Además, las relaciones de cuentas por pagar por concepto de salud, educación, Uniguajira y otros, con la finalidad de calcular el valor o cuantía de lo pagado y lo debido. De los hallazgos probados, se atribuyen e imputan cargos fiscales a quienes se encuentren responsables de irregulares e ilicitudes delictivas, compulsando copias a las autoridades disciplinarias, penales y Consejo de la Judicatura.
El contralor Departamental comenzó oficiando y requiriendo a alcaldes y funcionarios informes y copias de los expedientes contractuales y procesales que se complementarían para verificaciones, con prácticas de auditorías e interrogatorios para determinar los hechos que fundamenten las aperturas de investigaciones, facultado para ordenar en la misma investigación, suspensiones de obras, trámites y servidores públicos responsables de manera provisional por conductas reprochables y censurables sancionables.
El gobernador Nemesio Roys Garzón está muy interesado en conocer e informarse de las deudas a cargo de la administración departamental, relacionado con procesos ejecutivos, coactivos, ordinarios y contrataciones independientemente de las cuentas radicadas en Tesorería.
Las intervenciones de los Ministerios de Salud y Educación a través de las Administraciones Temporales, tampoco informan sobre las cuentas demandadas, relacionadas con los cobros de servicios para efectos de controles y saneamiento de obligaciones. La Administración Temporal ha sido prorrogada por el presidente, por el término de dos años, sin rendir cuentas de soluciones durante los tres años de intervención y las obligaciones pendientes de resolver.
La Gobernación opera de manera asfixiada, con poco oxígeno financiero que la mantiene en aprietos, semiquebrada. Sacarle los recursos al Departamento con embargos, le cierran alternativas, encallando la nave al secuestrarles y sacarle los dineros que se consignen y depositen, en todas las cuentas embargables y no embargables, de donde no se escapan ni los de pagos de nóminas y servicios contractual y públicos.
De nada han servido los acuerdos suscritos por los gobernadores con el rector de la Universidad de la Guajira para frenar los embargos, que a atrofian y obstruyen el normal funcionamiento administrativo. Es necesario buscar salidas pertinentes que terminen con el martirio que padece la Gobernación, originados los constantes embargos de diferentes instituciones.
Los resultados que arrojen las investigaciones de ambas contralorías, debe servir para que el señor gobernador decida y precise lo que va a hacer en el curso del periodo de gobierno popular. O consigue los recursos económicos que permitan levantar las medidas cautelares, pagando obligaciones pendientes, o someterse a acuerdos de reestructuración Ley 550 como última alternativa para descargarse de los embargos, empeñando e hipotecando la autonomía administrativa, de La Guajira, que hasta ahora está fraccionada con las referenciadas intervenciones en salud, educación y agua potable por el gobierno nacional sin disponibilidad recursivas emergentes para atender y cumplirlas, ahogándose la fuerza del deber involuntaria.
El retiro por embargos de $6.000 millones, de cuentas bancarias del Departamento en días de carnavales, estremeció al gobernador Nemesio Roys. No lo esperaba, confiado, sin previsión, en inicios del período de gobierno.
