Es el momento histórico para que los guajiros, incluyendo a los apáticos y aquellos que han servido de ojos y oídos al centralismo, tomemos la decisión que nos lleve a la defensa de los valores democráticos y el respeto por nuestro Departamento. Que en este año cumplirá 54 años de vida administrativa.
La mitad su existencia, quienes gobernaban eran nombrados por decretos, desde la Presidencia de la República, hasta la Constitución de 1991, cuando se implementó el sistema por elección popular. Para algunos, este modelo no les agrada porque acabó con la democracia y con la honradez de los “honrados”.
El presidente, de la terna que se le enviaba, por meritos escogía al mejor. Hoy los elegimos constitucionalmente y no tenemos esa garantía, ya que el Gobierno vulnera ese mandato. Abusan de su posición quitando y designando al gobernador de sus afectos para que administren de acuerdo a sus intereses.
Lo mismo sucede con los secretarios de los diferentes despachos, son sustituidos por personal que viene con órdenes expresas, denominadas “administración temporal” para dirigir lo que nos corresponde a nosotros. Pero no solamente son los de allá quienes nos han mantenido en esa situación engorrosa, esta disposición tiene su trasfondo político y, lastimosamente los de acá, los nuestros se han encargado de desestabilizar la administración del ganador, truncando sus buenas intenciones. Será que no hemos entendido, ni asimilamos que cualquier confrontación política, o del género que sea, necesariamente tiene un ganador y un perdedor.
Tampoco brindamos el apoyo necesario al triunfador ni le ayudamos en su tarea administrativa para el desarrollo del Departamento y por ende de los pueblos. Nos hemos “desguajirizado”, como lo llamó Fabrina Acosta Contreras en uno de sus escritos, publicado en junio de 2017.
La está matando porque la confrontación entre nosotros es aprovechada por el Gobierno y sus gobernantes, quienes pescan en río revuelto y se llevan la mejor pieza. Así se llevaron las regalías. Olvidaron los compromisos con el pueblo guajiro. Incumplieron la sanción impuesta al Estado en manos de Juan Manuel Santos en el 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que impuso medidas cautelares en favor de los niños y adolescentes wayuú. Hecho que el presidente incumplió y lo que hizo fue tomar una retaliación contra gobernantes y dirigentes guajiros, incriminándolos y acusándolos de culpables por las muertes y desnutrición de dichos niños.
Buscaron y anularon la elección de Oneida Pinto, inhabilitándola por varios años. Fuimos los guajiros quienes demandamos esta situación. Fue la cortina de humo precisa y de esa forma mató dos pájaros con un solo tiro: se llevó las regalías y cubrió sus espaldas ante Cihd. Otra víctima de estos atropellos fue Wilmer González. Con una campaña de aproximadamente 50 días, la Fiscalía presentó pruebas que van desde 850 horas de grabaciones (17 horas diarias), fraude procesal, corrupción a votantes y otros más, mandándolo a la cárcel como un vil delincuente por sus “capacidades y facultades para delinquir”.
Esos magistrados que jamás han salido de sus butacas, no conocen La Guajira, consideran que brindarles logística a esos nativos, dispersos en más de 5 mil rancherías donde viven familias extensas y que según un estudio del Observatorio del Caribe nos dice que “la dispersión de la población en el territorio es un desafío en su gestión y sostenibilidad”. Eso que el estado no ha brindado a esa gente, lo hizo González Brito, apoyándolos con transporte, refrigerios y alimentos para llevarlos a los centros de votación. El cuestionado fiscal utilizó esta situación como una parodia del pastorcito mentiroso para mantenerse indemne ante la opinión pública.
