Por Leandro Alberto Sampayo Vergara
El gran proyecto que debe tener listo el Gobierno nacional para presentarlo el 20 de Julio una vez se instalen las sesiones del Congreso y que busca Reformar a la Justicia, creo que en cierta manera hay que revisarlo detenidamente, muchos han sido los comentarios positivos y negativos sobre el planteamiento de dicha reforma, las convocatorias o las conformaciones de Comisión de Expertos en la materia, que ha hecho el Gobierno al sector académico, judicial, exministros, exvicepresidentes, está compuesta además por muchos miembros, que incluyen sindicatos del sector justicia, defensores de comunidades indígenas y afrodescendientes, jueces de la República, defensores de derechos humanos, feministas, funcionarios de Gobierno, representantes de las altas cortes y juristas con experiencia en el sistema judicial, entre otros, y demás miembros de la academia.
Inicialmente pensaríamos que respetarían el mandato constitucional de democracia participativa y los estándares mínimos exigidos por las normas internas e internacionales que rigen la materia, pero si miramos el objetivo fundamental del servicio público de administración de justicia, que no es más que tener una justicia accesible, pronta, cumplida. No es menos cierto que preocupa la postura del Gobierno quien, a través del Ministerio de Justicia, al tratar de tocar temas trascendentales, parecería, no conocer realmente el fondo del problema de la Justicia en Colombia, un problema grave que se resume en una ‘justicia que no satisface las demandas de la población’.
Los grandes ejes que ha hecho público el actual Ministerio de Justicia sobre la Reforma según los borradores de los proyectos que serán presentados al Congreso este 20 de Julio del 2024, que son los principales tales como: justicia especial para la mujer, la comunidad Lgbti; procedimiento penal; y justicia inclusiva, son temas de vital importancia pero que realmente no solucionan totalmente el problema del sistema judicial en Colombia, que se resumen en la baja calidad de los servicios, corrupción y desconfianza en el sistema, son las mayores quejas frente al sistema judicial que se han hecho públicos en estudios y publicaciones de críticos sobre dicho sistema.
Es importante reconocer como problemas en la administración de justicia, entre otros, los siguientes: 1) lentitud 2) congestión; 3) sobrecarga de los juzgados y tribunales; 3) deficiente acceso al sistema de justicia; 4) variedades normativas 5) choque de trenes en materia de unificación jurisprudencial entre las altas cortes 6) problemas en la selección por concurso de méritos funcionarios judiciales de la Rama Judicial y pago de salarios 7) problemas tecnológicos en el sistema Judicial.
Para concluir, si bien varios de los temas que quiere tocar el Gobierno son en dicha reforma importantes, se hace necesario y hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la República para que una vez sea presentado el proyecto definitivo para Reformar la Justicia, tenga en cuenta que por ser una ley estatutaria de administración de justicia, la ley estatutaria no es una ley ordinaria.
Tiene un rango o estatus superior sobre las demás leyes y su estudio es de carácter prioritario, con el control de revisión de la Honorable Corte Constitucional, para lo cual deberá el congreso revisar con mucho cuidado, no solo la temática propuesta en este proyecto que es de vital importancia para la ciudadanía y en general para la sociedad colombiana, sino la conveniencia para nuestro país que genera una ‘Gran Reforma’, desde luego que dicha iniciativa debe ser valorada y debatida con mucho profesionalismo para mejorar una Justicia que ha venido siendo colapsada durante muchas décadas.
