La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al anuncio del Gobierno nacional de establecer un protocolo para regular el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades y pidió que cualquier medida preserve la autonomía universitaria, la protesta pacífica y los derechos fundamentales.
La entidad señaló que debe diferenciarse entre las manifestaciones legítimas de la comunidad académica y aquellas situaciones en las que se presenten hechos violentos o conductas que requieran la intervención de las autoridades. En ese sentido, recordó que las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen por sí mismas motivos para ingresar a los campus.
La Defensoría explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede intervenir dentro de una universidad, como los casos de flagrancia. Sin embargo, indicó que cualquier actuación debe contar con fundamento jurídico y ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
El organismo también advirtió que enfrentar hechos violentos no debe traducirse en medidas indiscriminadas contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria. Por ello, planteó que el diálogo, la mediación y la persuasión tengan un papel central, mientras que el uso de la fuerza sea excepcional.
Finalmente, solicitó que la elaboración del protocolo incluya un proceso participativo y establezca con precisión los casos excepcionales de intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías para prevenir posibles excesos en el uso de la fuerza.
