Una justicia transicional para la reinserción era legítima, pero no la “especial” que socavó instituciones, permitió impunidad para crímenes atroces y, en su corta vida, se tiñó de escándalo. Veamos:
Junio 2014. Santos le riposta a Óscar Iván Zuluaga que “cualquier responsable de crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel”.
Febrero 2015. Reelegido Santos, Iván Márquez advierte: “para los guerrilleros, cero cárcel”.
Junio 2015. Tres delegados de las Farc y tres del Gobierno construyen en dos meses una gran claudicación: la JEP, incluyendo conexidad del narcotráfico y “justicia restaurativa” que disfraza la impunidad.
Septiembre 2015. Santos anuncia en Cuba que la JEP logrará “el máximo de justicia posible para las víctimas”, y sostiene que “La última palabra la tienen los colombianos”, algo que repetía seguridad excesiva, para luego, con evidente abuso de poder, desconocer el plebiscito.
Septiembre 2017. El ‘Comité de Escogencia’ conformado por cinco miembros con claro sesgo ideológico, nombra magistrados, asesores extranjeros y a Martha Lucía Linares como presidente.
Abril 2018. En medio de investigaciones renuncia el secretario Correa, quien acusa a Linares de conspirar para sacarlo por ambiciones burocráticas. Hoy la JEP tiene 897 funcionarios y, al término de 2019, le costará al país medio billón de pesos.
Abril 2018. Santrich es detenido por narcotráfico. Iván Márquez desaparece con ‘El Paisa’ y la JEP, como si nada.
Mayo 2018. Samuel Hoyos pide investigar al exsecretario por autorizar viajes “vacacionales” a cabecillas de las Farc, entre ellos al de la bomba de El Nogal.
Junio 2018. Estados Unidos pide a Santrich en extradición por narcotráfico y, con intención dilatoria, la JEP insiste en pedir pruebas; se da el “oso” de la carta que nunca llegó y USA niega la entrega de pruebas.
Febrero 2019. Se destapa el “te contrato, me contratas”. Devolviendo favores, la nueva secretaria, María del Pilar Bahamón, contrata a Miguel Samper por 50 millones en 30 días, y también al exvice TIC, Sebastián Rozo, por 113 millones en 41 días. Una hermana de Linares –Claudia– ocupa un alto cargo en el Sistema sin que a nadie le importe.
Marzo 2019. Carlos Bermeo, fiscal de la JEP, es detenido recibiendo un millonario soborno por, presuntamente, incidir en el caso Santrich. Aunque así no sea, es corrupción aberrante en la naciente justicia, mientras los defensores de la impunidad reducen todo a “montajes ilegales”.
El fiscal ha hecho reparos a la Ley Estatutaria; yo mismo firmé una carta que le pide al presidente objetarla, buscando evitar impunidad para reincidentes, para delitos continuados y delitos sexuales contra menores.
Es urgente que la JEP haga lo necesario para ganar respetabilidad, y urgente acotar sus competencias en la Ley Estatutaria. Presidente: usted tiene la palabra.
