La mayor parte de este mes de agosto las exportaciones de carbón desde Cerrejón han sido gravemente afectadas por los absurdos bloqueos de su línea férrea que impiden el transporte del mineral. Las pérdidas económicas para la empresa, La Guajira y el país son enormes, pues en muchos casos los buques llegan a Puerto Bolívar y se van vacíos.
Estos hechos destruyen la credibilidad del país como proveedor confiable de carbón térmico en el mercado internacional, condición muy necesaria hasta tanto no se materialice la potencial transición energética. Además, vulneran el derecho a recibir agua potable, transportada mediante el Tren del Agua, afectando las condiciones de vida de más de 2.350 familias.
Es desconcertante la indiferencia de las autoridades nacionales y locales, de los líderes gremiales, políticos y sociales, y de la opinión pública en general, frente a estos hechos que violentan el Estado Social de Derecho y que generan tantas pérdidas. Especialmente cuando las causas con los que se pretenden justificar son ajenas a la responsabilidad de la empresa o las pretensiones no son coherentes ni compatibles con el contexto ni los criterios legítimos establecidos en el relacionamiento social.
Según declaración del principal líder de la ONG Nación Wayuu, actor del prolongado bloqueo actual, 70 Autoridades Tradicionales amparadas en la normatividad wayuú, se declararon en asamblea permanente por presuntas violaciones de sus derechos como pueblos indígenas por parte de Cerrejón. Solicitaron suspender la operación del tren por su territorio y “hacer una reunión urgente de rendición de cuentas con la empresa, con presencia de entidades garantes del Estado, para conocer en dónde se han invertido los cuantiosos recursos económicos como parte de su responsabilidad social”.
Se quejan del estado deplorable en que se encuentran algunas comunidades y aunque mencionan que “supuestamente” existen 163 comunidades que se benefician con el Tren del Agua, insisten en que existen otras comunidades en total abandono que consumen agua contaminada. Exigen que todas las comunidades, aún más lejanas de la línea férrea, sean tratadas como parte del área de influencia de Cerrejón.
Es legítimo y plausible que todas las comunidades quieran tener mejores condiciones de acceso al agua y a mejores condiciones de vida en general. No hay dudas que ese debe ser el principal propósito del Estado a través de los gobiernos nacional y territorial. Habría que preguntarse entonces ¿por qué esa rendición de cuentas no se la piden al Estado?
Los intereses de los líderes de esta ONG no pueden volver admisible que se pretenda hacer responsable a Cerrejón de decisiones y acciones que van más allá de su responsabilidad legal y social, amenazando su sostenibilidad.
