Ilusionado, como todos los colombianos, que la Constituyente era el camino, como rezaba la publicidad oficial que la promovió, para lograr las grandes transformaciones, empezando por la política, al instalar las sesiones del nuevo Congreso de la República elegido después de la revocatoria del anterior, pronuncié un discurso que titulé Hacia un nuevo país. Pero, tengo que confesar que participo de la frustración de la mayoría de los colombianos, pues cumplidos los primeros treinta años de la vigencia de la Constitución Política de 1991 expedida por ella no estamos mejor que cuando estuvimos peor. Empezando porque la nueva Carta, considerada como un Pacto de paz, lejos de ello el conflicto armado se recrudeció y hubo que esperar 15 años para la firma de Acuerdo final con las Farc, como principio del fin del mismo.
Y ello ha obedecido, en gran medida, a que muchos de sus mandatos, como el relativo a la autonomía y al ordenamiento territorial siguen sin desarrollarse, se han quedado escritos en el papel. Es atribuible también al afán reformista del Congreso, que ha terminado convirtiendo a la Constitución, como lo presagió el inmolado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz, en una Carta a la carta. Son ya 57 las enmiendas a la Constitución Política y buena parte de ellas han sido regresivas. Ello se explica en gran medida al fetichismo normativo, consistente en la falsa creencia de que basta con cambiar las leyes para cambiar, como por arte de birlibirloque, la realidad.
Con el Acuerdo final “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con las Farc ha sucedido lo mismo que con la Constitución de 1991. En el segundo punto del Acuerdo se plantean “medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. Pero, con este punto, que es de la quinta esencia del Acuerdo, ha sucedido lo mismo que con el primero y principal de los puntos acordados, el “acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”. Uno y otro punto siguen siendo letra muerta.
En cuanto a la “mayor participación política”, se plantea en el citado Acuerdo la imperiosa necesidad de “derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, mecanismos democráticos de participación ciudadana, medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores”. Una condición sine qua non para esta apertura democrática es la expedición de una reforma política de fondo, así como una genuina reforma del desueto régimen electoral. Esta sigue siendo una asignatura pendiente.
Consciente de ello, se previó en el Acuerdo finalpromover y propiciar una reforma de la arquitectura institucional, la reforma del régimen electoral, sobre todo en lo atinente al acceso al sistema político y al financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Garantías y transparencia, son los dos ejes fundamentales de la misma. Con tal fin se creó la Misión electoral especial, integrada por expertos en el tema, la cual presentó sus propuestas de reforma, las que debieron ser tramitadas por el Congreso de la República. No obstante, la renuencia de este y la falta de voluntad política del ejecutivo dieron al traste con ella.
El bloqueo y la imposibilidad de expedir una genuina reforma política y electoral, así como la autentica reforma a la justicia, llevó al ex ministro y ex fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez a plantear que “para salir de este atolladero, es hora de volver a la idea plasmada en una reforma constitucional planteada por López Michelsen en 1977, tumbada por la Corte Suprema en desafortunado fallo de 1978, al convocar una ‘pequeña’ constituyente de elección popular, con temario preciso y delegatarios debidamente formados en la materia”. El riesgo que entraña y la prevención que despiertan propuestas como esta es el antecedente de lo acaecido con la Constituyente de 1991, que ronda como un fantasma.
Esta sigue siendo una iniciativa que se plantea cada vez que fracasa el trámite en el Congreso de la República de estas inaplazables reformas estructurales, las cuales, como lo acaba de plantear el más reciente Informe del BID, son esenciales para recuperar la confianza perdida en las instituciones que son pilares de la democracia, como lo son el Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y los partidos políticos.
Este es el escenario al que se enfrentarán quienes resulten elegidos como congresistas y como presidente de la República en las próximas justas electorales de marzo y mayo-junio de este año. Se echan de menos los planteamientos de fondo sobre estos temas tan contenciosos por parte de los aspirantes, todavía estamos a tiempo para escucharlos. En su momento (1998) se hizo célebre la frase del entonces presidente del Congreso, Fabio Valencia Cossio, en su discurso de instalación de sus sesiones, “o cambiamos o nos cambian”, veinticuatro años después no se ha dado ni lo uno ni lo otro.
Amanecerá y veremos.
