La cifra que acaba de revelar la JEP es escalofriante, antes se hablaba de 2.248 asesinatos por parte del Ejército y ya era estremecedor, pero resulta que fueron más de 6.400, aún más degradante para una sociedad envuelta en una espiral de violencia fomentada por gobiernos como el de Álvaro Uribe que nos vendió la seguridad democrática como la gran salvación; la mayoría del país acorralado por la guerrilla, entre los que me incluyo, se volcó a respaldarlo y el resultado fue peor, jóvenes asesinados por todo el país para mostrar resultados de bajas en combate. 6.400 vidas perdidas a manos de desquiciados que por un permiso o por un premio poco les importaba engañar jóvenes, disfrazarlos de guerrilleros, asesinarlos y luego desaparecerlos en fosas comunes, ¡Aberrante!
Esto es una vergüenza nacional y exige que salgan los responsables, tanto Álvaro Uribe como sus ministros de defensa; incluidos Juan Manuel Santos, flamante Nobel de Paz, y la vicepresidenta candidata Marta Lucía Ramírez, quienes, por acción u omisión, dejaron que este río de sangre fluyera, asesinaron el futuro de muchas familias y no conformes con esto se molestan y salen a responder, como el general Zapateiro que con un trino calificó de víboras a la JEP y a las madres víctimas, respaldado por el nuevo ministro de Defensa Diego Molano, el mismo que acredita su experiencia militar por haber nacido en el Hospital Militar y ser exalumno de un colegio militar.
Lo que sucedió es muy grave porque lesiona la intuición militar que no puede ampararse en las banderas del Estado para cometer crímenes de lesa humanidad. Con razón los militares y el Uribismo quieren eliminar al alto tribunal, para ellos sería mejor que nada se investigara y que todo quedara en el olvido por tratarse de jóvenes pobres y sin dolientes, según ellos, esta masacre sistemática superó las muertes extrajudiciales de la dictadura de Pinochet en Chile, 3.100 en 17 años, mientras que la alarmante cifra que revela la JEP se completó en los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe.
No sé a quién se le ocurre respaldar una política de seguridad democrática con estos antecedentes, solo a ultra-fanáticos que carecen de empatía y como no fueron sus hijos, no importa; una tragedia que se sale de toda proporción, lesiona al ser humano y debe trascender las fronteras del país, en caso de que los implicados no acepten sus culpas ante la JEP, como el General Mario Montoya que pedía litros de sangre y fue a la JEP a decir que no sabía nada, con una carga de cinismo que le sale por los poros. Los falsos positivos nos ubica otra vez en la realidad que somos: un país violento, corrupto y dividido por ideologías absurdas.
