Por estos días en los que La Guajira sigue sin que se haya definido, acorde con las normas vigentes, el nuevo Gobernador que ejercería el cargo hasta el 31 de diciembre de 2023, en reemplazo de Roys Garzón, retirado hace un mes por el presidente Duque, he reflexionado con sentido crítico, en varias oportunidades, alrededor de la frase con la que encabezo esta columna.
La teoría y la práctica política nos dicen que el poder bien obtenido y usado apropiadamente sirve para dar soluciones a los problemas que aquejan a las comunidades. En otras palabras, el poder debe usarse para servir a los ciudadanos de un territorio en el marco de la democracia y el progreso social. Aunque para algunos, especialmente los que viven de la actividad política, escuchar esto puede ser romántico e iluso.
En nuestra sociedad, como ocurre en todas las democracias, el poder político, que es una categoría del poder social, se conquista en forma legítima ganando elecciones. Pero, desafortunadamente, en vez de usar ese poder para servir a las comunidades, se usa para satisfacer el ego de quienes lo ostentan, y por eso mismo son adictos a perpetuarse disfrutando ese privilegio, sin importarles que no hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.
A pesar de que nuestro departamento de La Guajira sigue a la deriva, sin un claro liderazgo gubernamental que le dé estabilidad institucional, como ha ocurrido en los últimos 10 años en los que hemos tenido 10 gobernadores, no se logra avanzar en el desarrollo económico y social que anhelamos sus habitantes, tal como lo muestran los lamentables indicadores de gestión pública, que confirman el principio elemental que dice que ningún viento es favorable para quien no tiene un puerto de destino definido.
Las evidentes disputas por el poder, que han obstruido el consenso al interior de la coalición que inscribió al Gobernador retirado, han impedido que el proceso de definición del nuevo gobernador tenga la fluidez que requiere la insostenible y dañina interinidad actual. Estamos frente a una situación que amerita una urgente atención, que trascienda la indiferencia del actual presidente, para que se logre superar la desazón y la desesperanza derivada de los ignominiosos intereses partidistas o politiqueros actuales.
Esta interinidad en el liderazgo del gobierno departamental genera incertidumbre y lentitud en la toma de decisiones inherentes a la gestión gubernamental, generando retrasos en el cumplimiento de los compromisos y en la ejecución de las iniciativas y proyectos incluidos en el plan de desarrollo, lo que finalmente se reflejará en menores oportunidades de ingreso y desarrollo para los habitantes de este territorio.
Es vergonzoso que los dirigentes de nuestro departamento le den prioridad a sus intereses politiqueros por mantener el poder que les permite disponer del presupuesto público a su antojo, sin considerar la atención prioritaria que merecen las necesidades de la población Guajira. Es una actitud despreciable e inaceptable frente a las angustias de nuestras comunidades, que refleja indolencia e irresponsabilidad.
Es preocupante la indiferencia generalizada con la situación actual, que debe resolverse lo más pronto posible. Si no ocurre así corremos el riesgo de vivir otro periodo de gobierno territorial perdido, sin obras ni proyectos terminados del orden departamental que efectivamente hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida de los guajiros. El bienestar colectivo debe ser la prioridad de la actividad política.
