Hace unas semanas decidí opinar sobre un tema que siempre ha generado gran insatisfacción social en el departamento de La Guajira, es que a pesar que pasan y pasan los años, el problema sigue y la misma pregunta se impone: ¿Por qué a pesar de la llegada anual de miles de millones de pesos destinados a buscar soluciones seguimos casi igual? ¿Qué pasa? Analizando muy profundamente la situación siempre volvemos al mínimo común, los recursos no están siendo invertidos en una obra magna que genere la solución a largo plazo.
En el pleno año 2017 cuando el Departamento tenía la óptica de todo, el país situado en el escándalo que generó el estado de cosas inconstitucionales reflejado en la Sentencia T-302 llegaron a La Guajira recursos dispuestos a buscar soluciones a las necesidades más básicas en donde el tema primordial fue el agua.
En la zona norte y media del Departamento, bajo la jurisdicción de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, exactamente sobre territorios o resguardos indígenas, se inició la construcción de pozos profundos de más de 120 metros, que comprendían la instalación de una bomba sumergible alimentada por paneles solares y un sistema de riego para cultivar la tierra y generar autoconsumo.
Hasta ahí todo bien, lo que no se dijo para aquel entonces, es que el pozo profundo genera aproximadamente en 3 o 4 años sedimentos internos que tienen que ser removidos (el mantenimiento tiene un costo de 6 millones de pesos dependiendo de otras situaciones) porque el agua empieza a tener olores putrefactos; tampoco se dijo que la bomba sumergible tiene un vida útil aproximada de 3 o 4 años y que el costo de una nueva se acerca a los 6 millones de pesos, es decir los proyectos buscaban soluciones, pero a corto plazo ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Por qué el afán de buscar soluciones a corto plazo para el problema del agua? ¿Qué buscan con ello? El agua es fuente de vida y nada en la naturaleza puede existir sin su presencia, de tal manera podemos entonces entender que el agua es sinónimo de dignidad humana, la constitución política del 91, artículo a la dignidad humana como su epicentro o columna vertebral, de manera que de ahí surge la importancia jurídica del agua para la supervivencia de los colombianos.
En mi columna de opinión anterior expresaba mi inconformidad por la no inversión del recurso en obras de gran impacto que lograran una solución a largo plazo, pues a mi parecer se han venido gastando muchos recursos públicos en soluciones inexactas generando no solo detrimento en el patrimonio público, sino también fortalecimiento del fenómeno social, desde este artículo, elevo mi voz de protesta y manifiesto mi enorme descontento por la forma en cómo se juega con la dignidad de los guajiros más pobres.
La construcción de varias plantas desalinizadoras nos pondría a darle frente objetivamente al problema, tenemos varios ejemplos, en el parque eólico Jepirrachi de EPM, situado a unos 20 minutos del Cabo de la Vela, existe una planta desalinizadora con una capacidad de potabilizar más de 300 mil litros de agua por día, en puerto Bolívar situado a 5 minutos de la comunidad de Media Luna está instalada otra planta desalinizadora y potabilizadora con capacidad de producción cercana a los 800 mil litros día, ambas en funcionamiento, y con esto doy respuesta a la afirmación que me hizo hace unos días atrás un político con mucho poder en el Departamento, “eso no se puede hacer Toñito”. Desde aquí le digo a ese político, si se puede y ahí están los ejemplos, eso sin mencionar la gran cantidad de plantas ubicadas en San Andrés, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
La invitación es a que miremos con ojos humanos este importante tema, entiendo que la política nace de la necesidad del hombre de satisfacer sus intereses y que la conciliación de ellos es parte importante del actuar político, pero eso debe tener un equilibrio, no todo puede ser lo particular, también debe primar lo colectivo.
