El pasado 7 de septiembre la senadora Martha Peralta, de la coalición Pacto Histórico, en un acto cargado de manifestaciones mediáticas, radicó el Proyecto de Ley 171 que busca declarar el rio Ranchería sujeto de derechos.
Según manifestó la senadora se pretende que las fuentes fluviales de La Guajira tengan una protección por parte del Estado y de las comunidades, para garantizar que el agua “sea directamente para la niñez, evitando que mueran de sed, no para el carbón que es extraído por Cerrejón”.
En principio, hay que decir que toda iniciativa o gestión que se haga para proteger la vida y la salud de la población guajira, especialmente de los niños, merece el aplauso y el apoyo generalizado, siempre que sean con acciones posibles o reales que coadyuven en forma eficaz a lograr ese loable propósito.
Sin embargo, creemos que ese proyecto de ley tiene errores de razonamiento en la construcción de los argumentos que lo justifican. Es visible la falta de rigurosidad en cuanto al acceso de las comunidades de la Alta Guajira al agua del rio Ranchería y al real impacto de la operación de Cerrejón en el mismo.
Para entender el contexto, es necesario tener presente que el rio Ranchería entrega sus aguas al mar en su desembocadura en la ciudad de Riohacha, y por ello las comunidades de la Alta Guajira, en su gran mayoría indígenas wayuú, por su ubicación geográfica lejana, nunca han tenido acceso a sus aguas. Así que con el solo hecho de aprobarse que sea sujeto de derechos no se solucionarán los problemas de agua de esas comunidades, pues en realidad es la falta de infraestructura la que no permite que el agua llegue a sus rancherías desde la Baja y Media Guajira.
Los198 millones de metros cúbicos de agua almacenada que existen en la represa del Cercado serían suficientes para proveer agua a nueve municipios, incluidas las comunidades de la Alta Guajira, si existieran la infraestructura y las redes de acueductos apropiadas. Es en este aspecto donde los senadores y representantes actuales tienen una gran oportunidad de gestionar, en forma concreta, ante el Gobierno nacional las acciones presupuestales necesarias para solucionar este problema ancestral de La Guajira.
Con respecto al impacto de Cerrejón, es importante mencionar que las mediciones en tiempo real realizadas en los últimos tres años en las estaciones automáticas ubicadas en el puente Guajiro, en Barrancas -antes de la operación Cerrejón- y en Cuestecita -después de la operación de Cerrejón-, demuestran que el caudal del rÍo se incrementa en 37% en promedio al pasar por el área minera.
Estos datos evidencian que Cerrejón no consume las aguas del rio para sacar carbón; y no solo no las consume sino que incrementa su caudal, como resultado de un proceso técnico realizado por expertos en hidrología, concomitante con los programas de reforestación y restauración de las áreas que fueron intervenidas por la minería. En virtud del permiso que tiene Cerrejón, las aguas lluvias captadas que se acumulan en los tajos de minería son las que se usan para el control ambiental.
Solamente capta agua del rio para consumo de los empleados y familias residentes en el área de operaciones y para donar a las comunidades indígenas vecinas a la línea férrea. Para este propósito Cerrejón cuenta con una autorización de captar 264.4 l/s y sólo utiliza 43 l/s.
Toda esta información es pública y es auditada por el Ideam directamente a través de su red de monitoreo en línea que tiene en la cuenca del río Ranchería. Sería bueno que la senadora Peralta y su equipo la conocieran; así evitarían generar expectativas que no puedan cumplirse. ¡No más mitos y falacias!
