La convulsión social que vive el país a raíz del paro nacional ha puesto de manifiesto que, pese al desprestigio de nuestro sistema democrático por la mala imagen que proyectan algunas instituciones estatales, la soberanía permanece en el pueblo y por ello emerge la frase: “el pueblo unido jamás será vencido.” Y efecto, el paro logró que el gobierno nacional retirara la reforma tributaria, que indefectiblemente no hacía sino profundizar la brecha de desigualdad entre clases sociales; cobró la cabeza del ministro de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, logró el retiro de la reforma a la salud, consiguió la renuncia de la canciller, Claudia Blum, y la del Alto comisionado para la paz y funcionario destacado para los diálogos con los miembros de comité de paro, Miguel Ceballos. Las protestas están ad portas de lograr la censura del ministro de Defensa, Diego Molano, y, por último, consiguieron que el gobierno cesara en su empeño de realizar la Copa América.
Las movilizaciones de inconformidad continúan inundando las calles de los pueblos y ciudades y, aunque algunas se han visto empañadas por vándalos, ladrones y excesos de la fuerza pública, no pueden sino calificarse como históricas, aunque algo tardías, pues debieron ocurrir generaciones atrás, que quizás hubiesen evitado la implementación del sistema Upac de Pastrana Borrero, las leoninas exenciones tributarias al sistema financiero y a las explotaciones de petróleo y carbón, el uso de glifosato, la apertura económica de Gaviria, la creación de los fondos privados de pensión, las E.P.S e I.P.S., las privatizaciones de Carbocol, ETB, ISA, y una veintena de empresas más; la suscripción de T.L.C. y acuerdos comerciales, para solo mencionar algunos de los factores han acabado con la producción agrícola e industria nacional, generando riqueza para unos pocos y mucha, pero mucha, pobreza para muchos, misma que hoy ronda en 42.5% (21 millones de personas viven el pobreza monetaria y 7,4 millones en pobreza extrema). A ello súmele la informalidad, que el mes anterior alcanzó 48.1%; y el desempleo, que alcanzó la despreciable cifra de 14.2%.
Riohacha figura como la ciudad capital con mayor desempleo. Reportamos un 23.2% y Uribia es el municipio con mayor con pobreza multidimensional del país, con un 92.2%, según datos del Dane.
Pues bien, con esas desalentadoras cifras, que obviamente aumentaron con la pandemia del Covid-19, el gobierno propone unas reformas que golpean a los menos favorecidos y favorecen a los que jamás han sido golpeados, protegiendo sus mezquinos intereses, contrariando su promesa de más salarios menos impuestos. He aquí, entonces, que el presidente, que ha sido objeto de críticas hasta por los miembros de su propio partido, debe rebelarse y mostrar que llegó a la primera magistratura no para pasar a la historia como el mandatario más vilipendiado por implementar políticas que favorecen a los gremios y sus patrocinados politiqueros, sino para procurar el bienestar de quien lo eligió y a quien debe guardarle lealtad, al pueblo.
En ese sentido, el presidente debe aprovechar estos momentos de efervescencia y calor y lograrla derogatoria el artículo 193 la ley 1955 de 2.019, <ley del plan nacional de desarrollo>, que aunque lo nieguen, es el abreboca para la contratación por horas y las “subpensiones”; el presidente debe garantizar el derecho a la protesta, y controlar el desmedido accionar de la fuerza pública; debe desestimar la compra de aviones de guerra y de municiones para contrarrestar la protesta social; y debe evitar la intromisión en los asuntos internos de otros países.
Finalmente, histórica resulta lección que estamos recibiendo para acabar con el abstencionismo electoral e imponer el voto de opinión y el voto castigo, o voto en blanco.
