Los huérfanos y las viudas del poder, y su presupuesto, en los últimos setenta años, agrupación conformada por todos los que perdieron las elecciones presidenciales en junio de 2022, no aceptan la voluntad soberana del pueblo que eligió un gobierno de cambio.
Para ello se han unido en una alianza perversa de todos contra el presidente Petro y su gobierno utilizados maquiavélicamente en su conjunto los medios habidos y por haber con el fin de neutralizar las transformaciones históricamente negadas.
Por supuesto que el año de gobierno transcurrido no ha estado exento de equivocaciones, improvisaciones, errores, incluido el fuego familiar.
Inclusive, se reconoce que hay mucho presidencialismo y poco gobierno, circunstancia esta que ha derivado en inestabilidad en el alto nivel ejecutivo nacional.
Uno de las estrategias, entre otras muchas, para atacar sistemáticamente el gobierno de la ‘Potencial mundial de la vida’ con la connivencia de los principales medios de comunicación y las redes sociales es el entrampamiento de la administración pública nacional, entendido este como engañar artificiosamente, enredar, confundir, desprestigiar la gestión de un gobierno alternativo elegido por el pueblo después de un estallido social.
Uno del embeleco de la trampa es hacer creer a la cautiva opinión pública la supuesta baja ejecución del presupuesto general de la nación para justificar la incapacidad de un gobierno de la Colombia Humana.
Los datos del Ministerio de Hacienda demuestran lo contrario: A mitad de año se ha ejecutado 47,4% (Pagos versus apropiación) de los $405.6 billones aprobados para 2023. A ese ritmo, y proyectado a 31 de diciembre, se ejecutaría el 95.8% del monto total apropiado.
Sin negar la inexperiencia de algunos ministros y ministras como ordenadores del gasto, en donde algunos de ellos han actuado como caballo de Troya de la oposición, la realidad sobre este tema, depende desde dónde y cómo se observe.
Como por citar una “jugadita”: Aclarar y superar los limitantes, así como las especiales condiciones que dejó la administración anterior para la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2023 que no fue estructurado para concretar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Los datos de reducción de la inflación, bajada del desempleo, caída del precio del dólar no serían sostenible sin una adecuada ejecución del gasto de inversión del presupuesto para este año
De todas formas, hay que apretar el paso y es prioritario responder el desafío de ejecutar, responsablemente, con cero corrupción, el presupuesto general de la Nación aprobado para la presente vigencia en su totalidad, incluidos los de la reforma tributaria 2022.
Como lo propone el Gobierno nacional del Pacto Histórico, las alianzas público-populares se constituyen en estratégico corresponsable de la ejecución de los recursos públicos a pesar de la reserva que la oposición de partidos y movimientos políticos tradicionales tienen al respecto porque les sustrae la captura de los mismos a través del clientelismo y la corrupción.
De allí, que entre otras, las organizaciones populares e instituciones públicas con personería jurídica deben responder a la invitación de la Presidencia de la República para ejecutar con responsabilidad social programas y proyectos de su sector.
Está demostrado que ellas sí se acompañan con una interventoría estricta y veedurías ciudadana hacen rendir los recursos públicos con transparencia y eficacia en beneficio de la comunidad.
Un buen ejemplo de lo anterior se encuentra en las 45 mil Juntas de Acción Comunal que existen en zona rurales, municipios, distritos, departamentos y sectores a quienes el jefe de Estado les propuso financiar comunidades energéticas, digitales, caminos vecinales y ollas comunitarias
Quienes estamos vinculados por vocación al Sistema de Universidades Públicas, es el momento para superar este sofisma de distracción del entrampamiento, dejar de quejarnos, encontrar una fuente complementaria de ingresos, poner en práctica lo que teorizamos en la academia a través de la extensión solidaria con proyección social, y comportarnos de una vez por todas, como Instituciones de Educación Superior, especialmente las públicas, comprometidas con los inaplazables transformaciones que demanda el país y sus territorios.
Todo el anterior planteamiento, evaluación y propuestas es una de las maneras como desentrampar la administración nacional pública en beneficio del interés no particular, sino el general de los colombianos y colombianas, y complementariamente, hacer práctico el adagio popular aplicable al gobierno del presidente Petro que dice “Obras son amores, pero no buenas razones”.
