Conocimos el resultado de unas encuestas realizadas en unos municipios en los departamentos del Atlántico y el Magdalena, donde se observa que el principal problema que afecta a esas comunidades son la drogadicción en los jóvenes y el desempleo, y lógicamente la inseguridad que de allí se genera.
Estos son temas de campaña electoral que interesan a los candidatos a las alcaldías, pues en su programa de gobierno deben ofrecer una solución a estos graves problemas. Se aconseja entonces darle un tratamiento no solo desde el punto de vista represivo, con el Código Nacional de Policía y el Código Penal, para los expendedores, sino también armonizar la estrategia con una política pública integral de salud mental.
La drogadicción tiene varias fuentes y una de ellas es el futuro incierto y la falta de oportunidades de millones de jóvenes, que se preparan en las universidades y salen al mercado sin rumbo fijo, ingresando al gremio de los desocupados o al sector informal o del rebusque donde va a templar la mayoría de los colombianos del estrato 1 al 4, porque los empleos de este país son para los hijos de quienes manejan Reficar u Odebrecht.
Hay que crear entonces fuentes de trabajo, diseñando proyectos productivos, dependiendo de las condiciones geográficas y características de cada municipio, vinculando a las obras personal del mismo municipio, desconcentrando la contratación pública y no como están haciendo ahora, que le dan a unos pocos la ejecución del presupuesto de obras millonarias cuando se puede dividir las licitaciones por sectores para beneficiar a muchos contratistas de la región, sin caer en fraccionamiento de contratos que prohíbe la normatividad vigente.
Unas de las fuentes de la inseguridad es la drogadicción, con altas repercusiones sociales: hurto callejero, homicidios, atracos, entre otros. Esto no depende tanto del ejecutivo municipal, sino del Ministerio de Justicia y del Derecho, que presente una reforma judicial al Código Penal y de Procedimiento, ante el Congreso de la República, para que los jueces tengan las herramientas jurídicas necesarias que permita la captura del delincuente en centro carcelario como la Colonia Agrícola de Acacías (Meta), donde trabajan en actividades agropecuarias.
Cuando los jueces comiencen a capturar delincuentes callejeros (rompevidrios, atracadores, ladrones de celulares) y los envíen a estos centros carcelarios a producir alimentos, el índice de inseguridad va a disminuir para bien de todos.
