La respuesta institucional continúa bajo seguimiento judicial.
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¿Cuánto vale la vida de un niño wayuú? ¿Y la de un niño afrodescendiente del Chocó? Estas preguntas no pretenden ponerle precio a la vida humana, sino interpelar a un Estado que reconoce derechos fundamentales, pero cuya capacidad para garantizarlos sigue siendo profundamente desigual entre territorios y poblaciones.
En Colombia, la pobreza no se distribuye al azar. Según el Dane, en 2024 alcanzó el 67,4 % en Chocó y el 65,7 % en La Guajira, las cifras departamentales más altas del país. El Ministerio de Salud también identifica ambos territorios entre aquellos con elevada mortalidad en menores de cinco años. En La Guajira, la tasa fue de 24,57 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 10,98 en Bogotá.
¿Por qué dos territorios con una presencia histórica significativa de pueblos indígenas y afrodescendientes concentran semejantes privaciones? ¿Estamos ante una coincidencia geográfica o frente a desigualdades históricas que la República no ha conseguido desmontar?
La independencia política no eliminó las jerarquías económicas, sociales y raciales construidas durante la Colonia. Cambiaron las instituciones y las leyes, pero persistieron desigualdades en el acceso a la tierra, la educación, la riqueza, la representación política y los servicios públicos.
El racismo estructural permite examinar cómo esas jerarquías se reproducen sin necesidad de prejuicios raciales explícitos por parte de cada funcionario. También operan mediante decisiones presupuestales, prioridades de inversión y respuestas institucionales insuficientes. No se trata de afirmar que la identidad indígena o afrodescendiente produzca pobreza, sino de preguntar por qué estas poblaciones continúan expuestas desproporcionadamente a condiciones que limitan sus derechos.
La Guajira y Chocó tienen historias, economías y geografías diferentes, pero sus realidades obligan a examinar cómo las estructuras de poder y las decisiones estatales reproducen desigualdades territoriales y raciales.
La paradoja de La Guajira resulta reveladora: un territorio de enorme importancia energética y minera enfrenta graves dificultades de acceso al agua potable, la atención sanitaria y la seguridad alimentaria. En Chocó, las condiciones geográficas y las deficiencias de infraestructura interactúan con una historia de exclusión económica y racial. Sería simplista atribuir estas crisis a una sola causa, pero también explicarlas exclusivamente por la geografía, ignorando las decisiones políticas y la distribución de los recursos.
El problema no es únicamente cuánto produce una región, sino quién se beneficia de su riqueza y si sus habitantes pueden ejercer efectivamente sus derechos. Cuando la explotación de recursos naturales convive con privaciones básicas, el desarrollo debe evaluarse también por la distribución de sus beneficios y la transformación de las condiciones de vida.
En La Guajira, esta deuda tiene una expresión concreta. En 2017, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la Sentencia T-302, al reconocer la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
Los planes de desarrollo, departamental y municipales para 2024–2027, incluyen referencias a la Sentencia y contemplan inversiones en agua y saneamiento. Por rigor, no puede afirmarse que no existan planes, proyectos o recursos anunciados. La pregunta decisiva es: ¿qué se ha ejecutado, qué resultados verificables se han alcanzado y por qué sigue pendiente una respuesta estructural definitiva?
En septiembre de 2026, mediante el Auto 1300, la Corte Constitucional volvió a ocuparse de la elaboración del Plan Estructural de Acción y de asuntos relacionados con la transparencia en la asignación de beneficios y la selección de contratistas. La providencia muestra que la respuesta institucional continúa bajo seguimiento judicial y requiere acciones, metas, indicadores y plazos verificables.
Una Sentencia no garantiza su cumplimiento, como tampoco un compromiso escrito demuestra que los derechos estén protegidos. Es necesario examinar los recursos ejecutados, la continuidad de los servicios, la participación de las autoridades wayuú y los cambios reales en las condiciones de vida. La responsabilidad compromete a las instituciones nacionales y territoriales, según sus competencias, y exige resultados demostrables.
La pregunta sobre el valor de la vida de un niño wayuú nos conduce al racismo estructural. ¿Recibiría una crisis prolongada la misma atención si afectara masivamente a niños de sectores urbanos privilegiados? No podemos demostrar qué ocurriría en ese escenario hipotético, pero sí examinar si las instituciones garantizan condiciones equivalentes a poblaciones que viven en situaciones profundamente desiguales.
La igualdad ante la Ley es indispensable, pero insuficiente cuando las condiciones materiales impiden ejercer los derechos. La pertenencia étnica no puede asociarse, de hecho, con menores oportunidades de supervivencia, nutrición, atención sanitaria o acceso al agua. Incorporar la dimensión racial no significa atribuirle toda la responsabilidad, sino reconocerla como parte de una desigualdad histórica que exige respuestas estructurales.
Colombia necesita revisar cómo distribuye sus inversiones, garantiza la presencia efectiva del Estado, protege los territorios indígenas y afrodescendientes y permite la participación de sus habitantes en las decisiones que afectan sus vidas. La verdadera medida del desarrollo no está solamente en el crecimiento económico o los programas aprobados, sino en garantizar que el lugar de nacimiento y la pertenencia étnica no condicionen los derechos fundamentales.
¿Cuánto vale la vida de un niño wayuú? Exactamente lo mismo que la de cualquier otro niño colombiano. El desafío es que esa igualdad constitucional se refleje en los presupuestos, las instituciones, los servicios públicos y las decisiones políticas. Porque cuando la igualdad existe en las leyes, pero no se materializa en la vida de las personas, la deuda de la democracia no es solamente económica: también es histórica, territorial y racial.
