Un nuevo avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado se produjo este jueves, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)…
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Un nuevo avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado se produjo este jueves, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyera responsabilidad a nueve antiguos integrantes de las FARC por graves violaciones al derecho internacional humanitario en Huila, Tolima y Quindío.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad incluye a Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien fue congresista tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y a otros ocho exmiembros del antiguo Comando Conjunto Central (CCC): Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina.
La imputación comprende homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras y ataques contra civiles y miembros de la fuerza pública que estaban fuera de combate, así como el uso de armas prohibidas por el derecho internacional humanitario.
La investigación documentó 94 incursiones armadas perpetradas entre 1991 y 2016, además de revisar cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales, y los testimonios de 967 víctimas acreditadas. El 54 % de ellas eran campesinos.
Entre los episodios examinados están la toma de Roncesvalles, en julio de 2000, que destruyó más de 30 edificaciones y provocó el desplazamiento de cerca de 800 personas, y la ofensiva contra Puerto Saldaña, entre abril y mayo de ese mismo año, que dejó más de 3.600 desplazados y al menos 27 civiles asesinados.
El presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó el alcance de esta macroimputación para el esclarecimiento de la verdad judicial. Por su parte, la magistrada relatora del caso 10, Marcela Giraldo, explicó que es la primera vez que los comparecientes responden por las macrovictimizaciones investigadas en este expediente, relacionadas con crímenes no amnistiables que no habían sido incluidos en otros macrocasos.
Con la notificación de la decisión, los nueve comparecientes disponen de 20 días hábiles para pronunciarse sobre los hechos y conductas atribuidos, y de 30 días hábiles para presentar observaciones y aportar información adicional.
En ese mismo periodo deberán entregar a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas datos que permitan establecer el paradero de 30 personas desaparecidas vinculadas con los hechos investigados.
Si reconocen su responsabilidad, serán convocados a una audiencia pública con participación de las víctimas y podrán recibir sanciones restaurativas que no contemplan prisión, pero sí restricciones efectivas de derechos y libertades. Si niegan los señalamientos, enfrentarán un juicio en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel en caso de ser declarados culpables.
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