de los modelos de desarrollo del país. Ignorada, despreciada y hasta estigmatizada ante la opinión nacional, donde su programa bandera como fue la revolución de la infraestructura para poner a Colombia más cerca, no asomó sus narices por este departamento. La paz en concreto del gobierno anterior, no llegó a La Guajira, pese a que reconocemos que con la revolución de la infraestructura del gobierno Santos, se multiplicó la inversión en infraestructura de transporte y aceleró el ritmo de la construcción en comparación con periodos anteriores. Pero La Guajira no ingresó a esa nueva era de la movilidad para la productividad y la competitividad. Las distancias corporales, económicas y sociales que nos separan internamente y de la nación siguen siendo enormes, porque no se puso la primera piedra ni se edificaron los cimientos para unir a los guajiros y ponerlos más cerca.
La infraestructura de La Guajira deja mucho que desear, la precariedad de la red de vías terciarias para conectar los centros de producción con los centros de consumo y las rancherías indígenas con los centros asistenciales, así lo evidencian. La ausencia de autopistas de doble calzada y el atraso en aeropuertos y zonas portuarias, también dan cuenta de la falta de una infraestructura más adecuada.
Por eso, la gran apuesta consiste en conectar a todos los guajiros entre sí, con Colombia y el mundo. Con la Gran Revolución de la infraestructura interna que nos fue negada como un recuerdo de la llegada de la paz para las próximas generaciones y la posteridad. No nos explicamos porqué, con la revolución de la infraestructura del gobierno Santos, se intervinieron más de 40.000 kilómetros de vías terciarias y no se tuvo en cuenta La Guajira. Además, 3.600 kilómetros de mejoramiento y rehabilitación de vías nacionales y tampoco se intervino La Guajira. Se mejoró la infraestructura portuaria del país con una inversión de 4 billones de pesos y tampoco se pensó en un puerto para la península.
En conclusión, se comprometieron 100 billones de pesos en la revolución de la infraestructura nacional y se dejaron 30 concesiones de 4G en marcha y a La Guajira, que contribuye con el 1,2% del PIB de la nación y al 5.7% del PIB de la región Caribe ni la voltearon a ver. Pero como no hay mal que dure cien años ni guajiro que lo resista, y como dice la canción vallenata, que al guajiro hasta la muerte le llega tarde.
Hoy observamos al gobierno de Iván Duque con la sana intención de colocar a Colombia más cerca de La Guajira. Primero, pese al legado de estigmatización y mala imagen del gobierno anterior con el recurso humano de nuestra región. Nombró a guajiros en cargos importantes en ministerios y viceministerios, asesor de vicepresidencia y misión de sabios. Segundo, en el taller Construyendo País, desarrollado en Uribia el año anterior, anunció una inversión multimillonaria nunca antes vista en la península.
El programa Guajira Azul, que será la verdadera revolución de agua en La Guajira, con una inversión de 440 mil millones de pesos, dotará de agua al Departamento en zonas urbanas, rurales, campesinas e indígenas, convirtiéndose en la gran redención de este departamento y la reivindicación del país con esta península olvidada por el centralismo nacional.
En tercer lugar, las palabras de solidaridad y esperanza de la doctora Gloria Alonso, directora del DNP, anunciando que con el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad, que está en discusión en el Congreso de la República, se van a atender las deudas históricas de La Guajira.
Textualmente, la alta funcionaria anunció: “La Guajira tiene un lugar privilegiado en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, porque requiere la atención y énfasis de todos los colombianos en cuanto a una serie de deudas históricas”. Se refirió a los servicios de agua potable y saneamiento básico en zona rural y urbana. Al fortalecimiento de la atención en salud y nutrición recuperando las formas tradicionales de subsistencia y alimentación. Al acceso a la educación con enfoque diferencial y la atención integral a niños, adolescentes, familias y comunidades. A La construcción y mejoramiento de vivienda rural. Y, por último, a la articulación de servicios sociales en el territorio. Todas estas distinciones ponen a nuestro Departamento más cerca y como prioridad en la agenda nacional.