Por Eduardo Verano de la Rosa
El Parlamento de Cataluña lo disolvieron. Su Gobierno corrió la misma suerte. Mariano Rajoy ha convocado elecciones a fin de escoger nuevos miembros, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma (Cataluña) que no lo ha atendido y, por estas razones jurídico-políticas, el Senado español ha autorizado la disolución y los comicios. Rajoy ha actuado dentro de sus competencias.
La actuación del Gobierno nacional se ha realizado en estricto cumplimiento de las facultades constitucionales descritas en los artículos 2º y 155 de la Constitución de la República de España, país democrático y Estado de Derecho. La soberanía de un Estado es única e indivisible y la de la península ibérica reside exclusivamente en la Nación, no en las comunidades autónomas ni en las otras nacionalidades que lo integran.
Lo anterior no se puede cuestionar. Nación, con mayúsculas, lo trae su Carta Política. Tanto es así que, el artículo 2º que lo estipula, pone en minúsculas las nacionalidades y las comunidades autónomas. Este artículo enseña que España es la patria común e indivisible de todos los españoles y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que hacen parte, no a la independencia.
En consecuencia, la decisión del Parlamento y del Gobierno catalán es, a todas luces, inconstitucional. El artículo 155 de la Carta Política de España faculta y le ordena al Gobierno nacional, adoptar medidas contra la comunidad autónoma que incumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o actúen en forma que atente gravemente al interés general de España. La declaratoria de independencia de Cataluña atenta contra la unidad del Estado.
La soberanía es indivisible e inalienable, lo fundamenta Juan Jacobo Rousseau en su clásica obra El contrato social. Por tanto, bajo ninguna situación jurídicamente admisible, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña podían declarar la independencia de España. Al actuar por fuera del marco constitucional, tal decisión es abiertamente inconstitucional y carece de eficacia jurídica y política.
No obstante, esta situación compleja de la política española tiene raíces en la desatención de Madrid a las regiones, asunto que no pueden soslayarse.
En estos tiempos de globalización, la regionalización y los consensos regionales están al orden del día y deben ser revisados en forma cuidadosa. Los hechos ocurridos en Cataluña son un serio campanazo de alerta para Colombia y sus gobiernos centralistas que se han negado, tercamente, a reconocer que la autonomía de los territorios es el camino para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.
El humanista y jurista español, Eduardo García de Enterría, un clásico del pensamiento administrativista contemporáneo, en Estudios sobre autonomía regional, afirma: “Pero el regionalismo no es una reliquia del pasado. En una famosa y lúcida frase del americano Mumford, <<lejos de ser arcaico y reaccionario, el regionalismo pertenece al futuro>>”.
No debemos olvidar que en el siglo XX perdimos Panamá. De Estado federal nos transformamos en República. Fue la cuota inicial que se pagó por convertirnos en centralistas. En España, más allá de lo inconstitucional de la declaración de independencia de Cataluña, la esencia del problema radica en revisar la regionalización. Si en España hay inconformidad en ciertas comunidades autónomas, en Colombia el malestar de las regiones es aún mayor. Existe una rebelión. Hay que prestar atención.
